La educación es reconocida como un derecho humano y un bien público y estratégico para los Estados. El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad y que asegure el desarrollo y aprendizaje de todas las personas, a lo largo de toda la vida y en cualquier circunstancia.
El reto de lograr una mejora sustancial y sostenible de la calidad de la educación, pasa por promover políticas de financiamiento que consideren incrementos de la inversión, asignación con equidad, eficiencia y compromisos de diferentes actores en la definición, seguimiento y evaluación de estas políticas.
La OREALC/UNESCO Santiago, mediante el aporte y la participación del mayor número de agentes sociales, pretende incorporar la calidad sin exclusiones como criterio orientador de las políticas de gestión y financiamiento de la educación.