Es cierto que el abastecimiento de agua a nivel global se enfrenta a graves presiones en términos de su distribución, calidad y usos; pero una gobernanza sólida a nivel estatal, que incluya un enfoque integrado y participativo, puede paliar de forma significativa estos retos transfronterizos. 

La gobernanza de los recursos hídricos hace referencia a los sistemas políticos, sociales, económicos, legales y administrativos que desarrollan y gestionan los distintos niveles de recursos hídricos y servicios de abastecimiento de agua, reconociendo al mismo tiempo el papel que ejercen los servicios ambientales.

En muchos países la gobernanza de los recursos hídricos está sumida en un estado de confusión: de hecho, en algunos países hay una ausencia total de instituciones hídricas, mientras que otros presentan instituciones fragmentadas, contradictorias o enfrentadas en la toma de decisiones. 

Las reformas en la gobernanza de los recursos hídricos están siendo impulsadas por factores como el aumento de la población, las presiones internas sobre los propios recursos hídricos, las amenazas medioambientales y el énfasis de la comunidad internacional en la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico (por ejemplo a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio). Sin embargo, la proporción de las reformas es irregular y adolece de un ritmo lento. En los países en desarrollo hay graves brechas entre la las políticas agrícolas y las de uso de los recursos hídricos; también en su gobernanza y entre el diseño de políticas y su ejecución. Las causas de estas brechas a menudo hay que buscarlas en la corrupción, la resistencia de las instituciones al cambio, etc.

Muchos gobiernos admiten que necesitan descentralizar la gestión de los recursos hídricos hacia los ámbitos locales, pero son incapaces de delegar los poderes y recursos necesarios para que funcione correctamente. 

Algunas soluciones prometedoras conllevan preparar a las instituciones para que sepan gestionar los desafíos actuales y venideros que plantea un desarrollo caracterizado por la descentralización, la participación de las partes interesadas y la transparencia, un aumento de la corporatización (en los casos en que sea factible y esté justificada), la colaboración y la coordinación (sector público-privado, sector público-público, sector público-sociedad civil), y por nuevos sistemas de gestión basados en la distribución de los beneficios de los recursos hídricos, incluidos los transfronterizos.