Hoy en día, las costas, los océanos y los fondos marinos están cada vez más explotados y utilizados para actividades económicas. Los proyectos de infraestructuras en zonas marítimas o costeras, como proyectos de extensión de los paseos o dragado de puertos, construcción de puentes, tuberías y cables, aunque sean necesarios para la economía y el bienestar de la sociedad, pueden tener un gran impacto en el patrimonio arqueológico sumergido, particularmente cerca de la costa. Muchas de estas actividades repercuten en el medio ambiente al crear contaminación, erosión o corrientes cambiantes, y muchas de ellas pueden afectar a sitios que poseen un patrimonio cultural sumergido, como ciudades hundidas o antiguos naufragios.

Surge la cuestión de cómo mitigar estos impactos industriales, no deseados y no intencionados. La presión sobre los administradores del patrimonio es grave y es su deber valorar y proteger el patrimonio cultural subacuático.

La Convención de 2001 de la UNESCO dice en su artículo 5: "Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático".

Por consiguiente, la Convención alienta claramente a los Estados a promulgar leyes nacionales que obliguen a las empresas a tener en cuenta el patrimonio subacuático, a evaluar su presencia y su importancia, y a mitigar los posibles efectos. 

Con una sabia planificación y colaboración, no sólo se pueden lograr excelentes resultados para la protección del patrimonio y el desarrollo de la arqueología subacuática, sino que también las empresas interesadas pueden beneficiarse en términos de responsabilidad corporativa e imagen pública.