En las zonas de conflicto armado, las escuelas y universidades son blancos de ataque. La Declaración sobre Escuelas Seguras propone a los países firmantes una serie de medidas preventivas para preservar el derecho a la educación y poner término a la impunidad de los autores de esos ataques violentos.
Brendan O’Malley
La primera vez que visité una escuela en una zona en pleno conflicto armado fue en 1999, en Kosovo*. El edificio estaba en el flanco de una colina que dominaba una llanura circundante. Para llegar allí tuvimos que recorrer caminos rurales y atravesar un pueblo del que sólo quedaba una hilera de esqueletos de casas con tejados deshechos apenas protegidos por lonas. Los estigmas negruzcos del fuego se apreciaban en los dinteles de todas las ventanas.
El ejército serbio había incendiado todas las viviendas en represalia por las actividades del Ejército de Liberación de Kosovo*, el grupo armado rebelde que luchaba por la independencia del país. La mayoría de las familias del pueblo se hacinaban en una sola habitación con paredes ennegrecidas, arrimadas a una estufa proporcionada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Vi en la escuela a niños con ropa de verano que tiritaban de frío en aulas gélidas con paredes agujereadas por los obuses. Muchos parecían entumecidos por algo más que el frío invernal: el miedo.
Huyendo de represalias vengativas, los escolares habían vivido seis meses escondidos en el bosque con sus familias, que acababan de volver al pueblo tras negociar su retorno. Los maestros se esforzaban por mantener viva la enseñanza, sin perspectiva alguna de remuneración. Cuando estaba entrevistando al director, se oyó un estruendo aterrador y tembló todo el edificio. Había estallado un obús en el flanco opuesto de la colina. “Disparan obuses todos los días tan sólo para que nos acordemos de que siguen ahí –dijo el director–, pero nosotros vamos a seguir dando clases. La escuela nos infunde esperanza”.
La escuela como refugio
En tiempos de crisis o conflicto armado, la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela hace que las familias y las comunidades vislumbren la posibilidad de retorno a una vida normal. La escuela es un lugar seguro donde se acoge a los niños mientras los padres trabajan, y donde también se pueden prestar a los escolares servicios esenciales: vacunaciones o informaciones vitales sobre por ejemplo cómo evitar las minas antipersonales. Pero, ante todo, la escuela es el instrumento para brindar a los niños una educación que les permita construir su propio futuro, el de sus comunidades y el de su país.
Claro que también puede ocurrir lo contrario. Cuando en zonas inestables se destruyen escuelas, se desvanece la esperanza de retornar a una vida normal. El miedo de ir a la escuela o incluso de vivir cerca de un centro docente puede ampararse de la población, que huye en busca de seguridad.
En los últimos años se han dado casos indignantes de ataques contra la educación. En abril de 2014, por ejemplo, los extremistas de Boko Haram secuestraron a 276 muchachas del colegio público femenino de Chibok (Nigeria). Según Reuters y la AFP, más de un centenar de ellas seguían secuestradas en diciembre de 2017.
En octubre de 2016, un informe de las Naciones Unidas señaló que los bombardeos aéreos de las fuerzas progubernamentales de Siria habían matado a tres maestros y 19 niños, herido a 61 escolares y causado graves daños en el edificio del grupo escolar Kamal Qal’aji, situado en provincia de Idlib. Asimismo, en junio de 2017, extremistas de Filipinas colocaron artefactos explosivos alrededor de una escuela primaria, la ocuparon y retuvieron como rehenes a los habitantes de la localidad.
Generaciones perdidas
Esos ataques tienen efectos fulminantes: muertes, lesiones graves y traumatismos psicológicos infligidos a docentes y alumnos, cierre de escuelas y universidades y destrucción de infraestructuras educativas.
Cuando los conflictos armados se eternizan –en los países pobres se ha estimado que duran unos 12 años por término medio– esos ataques y sus daños colaterales ocasionan largas interrupciones del sistema educativo debido a la clausura de escuelas y a la migración definitiva de escolares y docentes que obstaculizan su puesta en marcha de nuevo.
Incluso después de la finalización de los conflictos se necesitan a veces varios años para reconstruir los edificios escolares y reorganizar los sistemas de enseñanza. Entretanto, un número considerable de generaciones de escolares se ve privado de su derecho fundamental a la educación.
Según un informe de la UNESCO, la mitad de los niños del mundo sin escolarizar en edad de ir a la escuela primaria viven en países afectados por conflictos. La mayoría de ellos nunca tuvo la posibilidad de terminar sus estudios elementales, yendo así a engrosar las filas de las “generaciones perdidas” para la educación.
En Ataques a la educación 2014, el último estudio global publicado por la Coalición mundial para proteger de los ataques a los sistemas educativos (GCPEA), se indica que en el cuatrienio 2009-2012 fuerzas de defensa y seguridad estatales, grupos armados no pertenecientes a los Estados y bandas criminales armadas atacaron a miles de profesores, escolares, estudiantes y centros docentes en por lo menos 70 países.
Esos ataques consistieron en bombardear e incendiar escuelas y universidades, así como en asesinar, agredir físicamente, secuestrar, torturar y detener ilegalmente a escolares, estudiantes, maestros y profesores universitarios.
Ese estudio de la GCPEA cataloga a Afganistán, Colombia, Pakistán, Siria, Somalia y Sudán entre los países donde la educación se ha visto más seriamente afectada por los conflictos armados, debido a que en ellos “se han registrado más de mil ataques contra escuelas y universidades, personal educativo y alumnado; o más de un millar de agresiones contra personal educativo y alumnado; o incursiones contra centros docentes o utilizaciones de éstos con fines militares”. En 24 de los 30 países examinados en ese estudio, se utilizaron escuelas y universidades para esos fines.
Según una estimación de las Naciones Unidas, desde 2014 al menos 1.280 alumnos y profesores han sido víctimas de ataques armados en Nigeria en los que se destruyeron unos 1.500 centros docentes. Un folleto de la CGPEA titulado Lessons in War 2015” (Clases en medio de la guerra – 2015), señala que “en los casos más graves resultaron muertos o heridos niños y se dañaron o destruyeron escuelas, tras ser atacadas por una de las partes beligerantes debido a que sus adversarios las habían utilizado anteriormente como bastiones militares”.
Los motivos por los que se perpetran ataques contra escuelas y universidades son diversos y con frecuencia múltiples: crear inestabilidad, arremeter contra un determinado tipo de educación aborrecido, apoderarse de edificios para usarlos como reductos militares o, en el caso de los centros de enseñanza superior, impedir la expresión de ideas políticas disidentes.
Acabar con la impunidad
Para luchar contra este problema, la primera medida es efectuar un seguimiento del mismo y elaborar informes para comprender cómo y por qué se manifiesta. Las escuelas se pueden proteger con retenes policiales o construyendo vallas a su alrededor. Pero también se protegen abordando a fondo los problemas que motivan los ataques, procurando que las minorías tengan el mismo derecho a acceder a la educación y puedan recibir enseñanza en su lengua vernácula o estudiar su propia religión, y contratando a los maestros entre los miembros de las comunidades étnicas locales, tal y como se hace en el sur de Tailandia por ejemplo. Se puede tenuar el impacto físico de los ataques construyendo escuelas de hormigón, y no de madera o paja, para que no se incendien fácilmente. También se pueden acondicionar en cada aula dos salidas de emergencia para que los alumnos tengan más posibilidades de huir si guerrilleros o soldados tratan de reclutarlos como combatientes a punta de bayoneta.
Con respecto al uso de las escuelas para fines militares, una medida preventiva esencial consiste en persuadir a las fuerzas gubernamentales y no estatales a que se comprometan a renunciar a dicho uso. Pero sólo se podrá disuadir a los grupos armados y ejércitos que perpetran ataques, si se cumple con el deber de proteger a los niños y jóvenes exigiendo responsabilidades penales para acabar con su impunidad jurídica.
El informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad establece una lista de las partes en conflictos armados que cometen violaciones graves contra los niños, como ataques contra escuelas o reclutamientos de niños soldados, y les exige que concierten planes para poner fin a esos actos, porque de no hacerlo se exponen a la aplicación de sanciones.
La GCPEA ha iniciado una campaña internacional para persuadir a los países a firmar la Declaración sobre Escuelas Seguras y se comprometan a así a aplicar toda una serie de medidas preconizadas en ella. En diciembre de 2017, con la adhesión de la República Dominicana, los países signatarios de esta Declaración se cifraban ya en 72. Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados, hizo un llamamiento en su informe de 2017 a todos los Estados Miembros para que promuevan esta Declaración y se adhieran a ella. “La Declaración –dijo Gamba en la presentación de ese informe– ha contribuido decisivamente a la adopción de medidas concretas para impedir los ataques contra la educación. No podemos permitir que las escuelas sean el blanco de asaltos militares en las zonas de conflictos armados, porque es demasiado alto el precio que la sociedad debe pagar por cada niño y cada joven que se ven privados del derecho a la educación durante años, o incluso decenios.
* Término utilizado de acuerdo con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fechada en 1999.
