En el transcurso de la Conferencia se elegirá a los doce miembros del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención, cuyo papel consistirá en asistir a los Estados Partes en cuestiones de carácter científico y técnico, es decir en la manera de aplicar las disposiciones del Anexo de la misma. Los Estados Partes procederán también a la definición de criterios para la acreditación de las organizaciones no gubernamentales que estarán habilitadas para trabajar con el Consejo.
También se debatirán las directrices operativas de la Convención, relativas a aspectos como la cooperación entre Estados o a la creación de una cuenta especial para financiar actividades de protección del patrimonio cultural subacuático.
Adoptada en 2001 por la Conferencia General de la UNESCO, la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático se propone garantizar una mejor protección de los pecios, sitios, cuevas ornamentadas y otros vestigios culturales que se encuentren bajo el agua. Este tratado internacional es una respuesta de la comunidad internacional al pillaje y a la creciente destrucción del patrimonio subacuático, expuesto a los cazadores de tesoros. La Convención, que preconiza de preferencia la conservación in situ del patrimonio sumergido, tiene también como objeto favorecer el acceso del público a este patrimonio y fomentar la investigación arqueológica. En cambio, no interviene en la cuestión de la propiedad de los vestigios ni cuestiona los derechos soberanos de los Estados.
Veintisiete Estados* han ratificado hasta ahora la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, que entró en vigor el 2 de enero de 2009.
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* Albania, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Granada, Haití, Jamahiriya Árabe Libia, Líbano, Lituania, México, Montenegro, Nigeria, Panamá, Paraguay, Portugal, República Islámica del Irán, Rumania, Santa Lucía, Túnez, Ucrania.