Establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su establecimiento; señalando que dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.