Regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Asegura una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, con prioridad nacional, y se constituye en Política de Estado. Garantiza el acceso a todos los ciudadanos/as y las condiciones de permanencia en todos los niveles. Crea Institucionalidad.