Regula la protección integral que el Estado, familia, sociedad, e instituciones privadas deben brindar a niñas, niños y adolescentes, debiendo éstos crecer libres e iguales en dignidad, gozando de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana, y establecidos en la Constitución Política, el Código, y la Convención sobre los Derechos del Niño, sin distinción de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, situación física, psíquica, u otra condición.