Asegura las condiciones para que los niños y jóvenes que asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. Permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento educativo de su preferencia sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado es quien aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias.