La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).

La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.

En los últimos diez años, el derecho a la información ha sido reconocido por un cantidad cada vez mayor de países, incluidos países en desarrollo, a través de la adopción de numerosas leyes sobre libertad de información. En 1990 solo 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 90 leyes aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 en estudio.

El mandato de la UNESCO, establecido en su Constitución de 1945, insta específicamente a la Organización a "facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen".

La libertad de información es también fundamental en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que ha reafirmado la libertad de expresión y el acceso universal a la información como piedras angulares de las sociedades del conocimiento integradoras.

Además, la pertinencia de la libertad de información también se ha puesto de relieve en la Declaración de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber (2010); la Declaración de Maputo: Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas (2008) (en inglés) y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza (2005), todas ellas resultantes de las conmemoraciones anuales de la UNESCO del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En nuestra región, países como Brasil, Chile y Uruguay aprobaron, en años recientes, leyes de acceso a la información pública y están en etapas de implementación. Estos países y otros, como Argentina y Paraguay, también se suman a la Alianza para el Gobierno Abierto, que subraya la importancia del acceso a la información pública. UNESCO, en distintos momentos, ofreció y ofrece cooperación técnica a estos gobiernos en esta temática.