1. Información: Las personas encargadas de adoptar decisiones deberían tener a su disposición datos transparentes, pertinentes y oportunos.

1. Es esencial que los gobiernos inviertan en información que mejore la comprensión de los puntos fuertes y los fallos del sistema educativo y que ayude a establecer un sistema eficaz de rendición de cuentas.
2. Al mismo tiempo, tienen que utilizar con buen juicio estos datos. La información debería adaptarse al uso que se pretende darle y el costo de su acopio debería ajustarse a la capacidad del país para procesarla.
3. Las tareas que en materia de información deban realizar los docentes y los directores de establecimientos escolares no deberían ser meramente burocráticas, sino estar vinculadas a una mejora de la enseñanza.

2. Recursos: Se debería proporcionar recursos financieros suficientes para financiar el sistema educativo.

1. Los gobiernos deberían cumplir su compromiso de dedicar por lo menos el 4% del PIB a la educación o de asignarle el 15% del gasto oficial total.
2. Los países donantes deberían cumplir su promesa de consagrar el 0,7% del ingreso nacional a asistencia y se debería dedicar el 10% de esas cantidades a la enseñanza básica y secundaria. Deberían ser cautelosos cuando faciliten la asistencia por medio de mecanismos basados en los resultados, que desplazan el riesgo a los países que menos preparados están para soportarlo.

3. Capacidad: Los actores deberían poseer las competencias y la formación necesarias para ejercer sus funciones.

1. Los gobiernos deberían cuidar de que haya instituciones sólidas, incluidas las que realizan funciones de policía, judiciales y de auditoría, con capacidad para ayudar a impedir, detectar e investigar la corrupción en el ámbito de la educación.
2. Los gobiernos deberían tratar a los docentes como a profesionales. Se les debería ayudar a adquirir profesionalidad invirtiendo en los necesarios programas de formación inicial y continua y dotándoles de autonomía. A su vez, los sindicatos de docentes que se esfuerzan en robustecer la profesionalidad por medio de códigos deontológicos deberían sensibilizar a sus miembros y dotar de competencias a las personas encargadas del seguimiento a través de tales mecanismos internos de rendición de cuentas.
3. Los gobiernos tienen que velar por que las personas que evalúan a los docentes tengan la formación apropiada para poder centrar su labor en apoyar a los docentes y posibilitarles que impartan una instrucción equitativa, de gran calidad e inclusiva.
4. Los gobiernos deberían aumentar la capacidad de sus representantes para participar activamente y hacer un seguimiento de la labor de las organizaciones internacionales, las cuales deberían, a su vez, ser inclusivas y transparentes e informar a sus miembros.