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Concebir un sistema de rendición de cuentas robusto
Pupils from the Teach for Nigeria programme outside their school building.
Credit: GEM Report/Teach for Nigeria
Concebir un sistema de rendición de cuentas robusto
Deberían existir mecanismos de rendición de cuentas claros para cumplir los compromisos mundiales comunes respecto de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El presente informe ha mostrado todo el conjunto de enfoques, que abarcan desde los países en los que resulta desconocido el concepto de rendición de cuentas y no se cuestionan las violaciones del derecho a la educación hasta los países en los que la rendición de cuentas se ha convertido en un fin en sí mismo en lugar de ser un medio para mejorar la educación.
En el ámbito de la educación la rendición de cuentas empieza por los gobiernos, que son los primeros garantes del derecho a la educación. Todos los países del mundo han ratificado por lo menos un tratado internacional que ilustra su compromiso con el derecho a la educación. Sin embargo, solo en el 55% de los países puede exigirse el derecho a la educación, es decir, que hay en ellos leyes que facultan a los ciudadanos para impugnar ante los tribunales los fallos del sistema educativo. Las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional deben actuar a favor del derecho a la educación, entre otras cosas para que se pueda reivindicar ese derecho acudiendo a los marcos jurídicos nacionales.
Naturalmente, las leyes únicamente son eficaces si se aplican. Una rendición de cuentas eficaz exige que los gobiernos establezcan sistemas más sólidos de aplicación de las leyes. El presente informe formula, pues, las siguientes recomendaciones para ayudar a los gobiernos – y asimismo a otros actores interesados en la educación – a concebir y poner en práctica sistemas de rendición de cuentas robustos.
CONCEBIR UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ROBUSTO
1. Los gobiernos tienen que crear un espacio para la participación significativa y representativa a fin de suscitar confianza y una comprensión compartida de las respectivas responsabilidades con todos los actores del ámbito de la educación: los niveles y departamentos del ejecutivo, las autoridades legislativas y judiciales, las instituciones autónomas, las escuelas, los docentes, los padres, los estudiantes, la sociedad civil, los sindicatos de docentes, el sector privado y las organizaciones internacionales. Los pasos a dar en esa dirección consistirían en:
- Proporcionar un espacio oficial para un diálogo satisfactorio entre múltiples partes interesadas, especialmente las que están situadas fuera de las instancias ejecutivas oficiales.
- Fortalecer el papel de las comisiones de educación de los órganos legislativos implantando procesos de examen periódico y dotando de capacidad a sus miembros.
- Publicar un informe anual de seguimiento de la educación que exponga las medidas adoptadas y los resultados a los que han contribuido en todos los niveles de la enseñanza, destinado al público general.
2. Los gobiernos deberían elaborar planes creíbles y presupuestos transparentes para el sector de la educación, que contengan líneas de responsabilidad claras y mecanismos de auditoría realmente independientes. Fundamentalmente, no se puede exigir a los actores estatales que rindan cuentas si no hay claridad acerca de aquello de lo que son responsables. La transparencia de los documentos presupuestarios puede ayudar a aclarar dónde y cuándo se libran fondos, proporcionando la información necesaria para efectuar un examen crítico, especialmente en el órgano legislativo.
3. Los gobiernos deberían desarrollar disposiciones y mecanismos de seguimiento creíbles y eficientes y ejecutar las acciones de seguimiento y las sanciones cuando no se cumplan las normas. Esas disposiciones y esos mecanismos deberían aplicarse a los prestatarios de enseñanza tanto públicos como privados y a los servicios auxiliares. Los procesos, como la inscripción y la acreditación o las licitaciones y contrataciones, deben ser claros y transparentes. Pero los reglamentos también deben abordar los aspectos de equidad y de calidad de la educación.
4. Los gobiernos deberían concebir mecanismos de rendición de cuentas de las escuelas y los docentes que les den apoyo y los formen y evitar los mecanismos punitivos, especialmente los tipos basados en mediciones romas de los resultados obtenidos. El empleo de las calificaciones de los exámenes de los alumnos para sancionar a las escuelas o para evaluar a los docentes puede promover un entorno insano basado en la competencia, restringir los planes de estudios, alentar que se enseñe solo para pasar los exámenes, desmotivar a los docentes y perjudicar a los estudiantes más débiles, todo lo cual socava la calidad general de la educación y el aprendizaje de los estudiantes.
5. Los gobiernos tienen que permitir que se expresen democráticamente las distintas opiniones, proteger la libertad de los medios de información de analizar la educación y establecer instituciones independientes para que los ciudadanos formulen quejas. Las elecciones libres y limpias aumentan la confianza de los ciudadanos en el gobierno y la competencia electoral puede hacer a los titulares de cargos públicos más receptivos a las demandas de los ciudadanos. Los medios pueden ser una valiosa fuente de información fácilmente comprensible, especialmente para los grupos de la población que tienen escaso acceso a ella. Los defensores de los ciudadanos pueden ejercer una importante función canalizando las quejas y denuncias de los ciudadanos, siempre que los incentivos políticos condigan con la necesidad de dar respuesta a esas reclamaciones.