Entrevista con el Premio Nobel de la Paz 2018 Denis Mukwege: una vida dedicada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales

 

 

En 1989, era médico y director del hospital general de Lemera, al este de la RDC. En esa época, mi mayor preocupación era la mortalidad materna. Cuando estalló, en 1996, la primera guerra del Congo, el hospital fue destruido, los pacientes fueron asesinados en sus camas así como el personal sanitario... Tuve que abandonar Lemera para trasladarme a Bukavu, la capital de Kivu del Sur, donde, en 1999, fundé el hospital de Panzi con la idea de consagrarme a la lucha contra la mortalidad materna.

 

Pero, mi primera paciente no acudió para dar a luz. Esa mujer había sido violada. Su agresor le había disparado a quemarropa en los genitales. Tuvo que sufrir seis intervenciones quirúrgicas antes de poder hacer una vida más o menos normal.

 

Pensé que este primer caso era un accidente, una excepción, un acto de barbarie cometido por un individuo inconsciente de sus hechos y acciones. Pero, tres meses más tarde, había curado ya a 45 mujeres víctimas de agresiones sexuales.

 

Desde hace una quincena de años, en el hospital de Panzi, hemos acogido a unas 40 000 mujeres víctimas de violaciones extremadamente violentas.

 

 

Pero también observo que el número de violaciones de niños aumenta. Ya en 2013, un informe de la ONU había establecido que, en el este de la RDC, cerca de 250 niños habían sido víctimas de violación en un año. Alrededor de sesenta de ellos no tenía más de tres años. Un día, atendí a una niña de seis meses. ¡Cómo no luchar!

 

En efecto, la violación y el abuso sexual constituyen una poderosa arma de guerra. Son el origen de los desplazamientos de población, provocan un descenso demográfico, destruyen la economía y desintegran el tejido social y familiar. Son tantas las tácticas como los agresores que las ponen en marcha en todas las guerras, no importa su forma.

 

En RDC, las violaciones se producen, la mayoría de las veces, en espacios públicos. Incluso llegan a ser colectivas: hasta 300 mujeres en un mismo pueblo pueden ser violadas a la vez. Los agresores obligan a las familias a asistir a estas escenas atroces. La mujer violada queda deshonrada, el marido, humillado. Este deja entonces su hogar para refugiarse en un lugar donde nadie lo conozca. Cuando las violaciones se vuelven recurrentes, la inseguridad constante empuja a la mujer y a los niños a buscar refugio en otra parte. Es más, las agresiones sexuales provocan a menudo la incapacidad de la mujer para reproducirse, cuando no la matan. Las enfermedades de transmisión sexual pueden resultar fatales para la víctima, pero también para su descendencia. El descenso demográfico que resulta de ello es uno de los principales objetivos de los agresores, quienes, de hecho, se dedican a toda clase de actos salvajes: tortura, pillaje de recursos, incendios de pueblos, así como matar de hambre a la población. Es evidente que estas violaciones no son el resultado de impulsos sexuales, sino que constituyen instrumentos que buscan debilitar, véase destruir, a una población.

 

Estas violaciones públicas conllevan asimismo la pérdida de identidad de la víctima. No es extraño que una paciente me diga: "ya no soy una mujer". En cuanto a los hombres, ya sean maridos de mujeres violadas o víctimas ellos mismos (el 1% de los casos), a menudo creen que ya no son dignos de ser padres. La situación es igualmente dramática, sino más, para los niños nacidos de una violación. Son rechazados por su propia comunidad que los llama "hijos de serpientes" o "los genocidas"; toda una terminología puesta en marcha para negar su humanidad. La pérdida de identidad individual hace que las personas ya no se reconozcan como miembros de su propia comunidad. Los referentes se difuminan, los papeles se confunden, la cohesión social se destruye. Es la puerta abierta para todos los abusos; dicho de otra manera, los agresores pueden reinar como dueños absolutos de los lugares.

 

 

Dichos lugares son muy frecuentemente zonas mineras ricas en coltán o en oro. Es la razón por la cual pido un reglamento internacional que permita la trazabilidad de la cadena de aprovisionamiento de minerales. Una ley vinculante es indispensable si queremos evitar que el comercio de minerales financie a los grupos armados de las zonas en conflicto en RDC.

 

Una jurisdicción internacional es indispensable para poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes internacionales. Mientras los crímenes sigan siendo impunes, la violencia, el miedo y las violaciones seguirán valiendo. Recuerde la horrible masacre en Beni (RDC) en mayo de 2015: mujeres embarazadas destripadas, bebés mutilados, hombres atados y degollados. Unas 50 víctimas inocentes han engordado el balance de este dramático conflicto que dura desde hace más de 20 años en mi país.

 

Justo después de este suceso trágico, hice una llamada a la comunidad internacional reclamando la protección de la población civil en las regiones de los Grandes Lagos, al igual que en marzo de 2016, llevé ante la ONU la petición de "No a la impunidad".

 

Firmada por 200 organizaciones, esta petición pide especialmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la publicación de la lista de las 617 personas sospechosas de violación y de vulneración de los derechos humanos en RDC, entre 1993 y 2003.

 

Considero que las muestras de ADN deben ser sistemáticamente extraídas en todos los casos de violación. Esto permitirá a la justicia determinar quiénes son los responsables de estas violaciones: un paso gigantesco hacia el final de la impunidad.

 

La comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a estos crímenes. A veces, son perpetrados por miembros de fuerzas armadas extranjeras, que tampoco han sido perseguidos nunca. Hay que comprender que un crimen no debe quedar impune. Hay que romper el silencio, tanto en el plano individual o nacional, como a escala internacional.

 

No son las leyes las que faltan, el problema está en otra parte. A menudo, las mujeres ignoran que están protegidas por textos legales. Y cuando no lo ignoran, deben hacer frente a las normas sociales que les impiden reivindicar sus derechos. Hay un enorme trabajo de sensibilización por hacer.

Cuando una mujer no se atreve a hablar sobre su violación, porque lo considera un tabú, protege a su verdugo. Su silencio multiplica los riesgos de nuevas violaciones. Pero si consigue romper su silencio, la vergüenza cambiará de bando y el agresor sabrá que su crimen no pasará desapercibido, que será juzgado y condenado. Y esto cambiará la situación por completo.

 

 

Los responsables políticos deben dar muestras de firmeza en el combate contra la impunidad para tales actos. ¡No iremos lejos si la voluntad política no está presente! Las mujeres han combatido mucho estos últimos cien años para obtener derechos, pero las leyes y resoluciones internacionales son impotentes si no se cambia la mentalidad. La igualdad entre hombres y mujeres no es posible más que si se vuelve evidente en nuestra mente.

 

Lo que es igualmente deplorable es que, de momento, ninguna reparación seria se ha atribuido a las víctimas que han ganado sus juicios. Una reparación mediante acción judicial les ayudaría a curarse por completo y convencería a la población de que estas mujeres han sido víctimas. ¿Cómo reconstruir una sociedad traumatizada sin la reparación de sus crímenes?

 

La acción del hospital de Panzi se basa en cuatro pilares. El primero es el servicio médico (operaciones, hospitalización, cuidados), directamente relacionado con el segundo, el seguimiento psicológico, que es igual de importante. El tercer pilar es la formación y la reinserción socioeconómica. Cuando una mujer se siente más fuerte física y mentalmente, no hay que reenviarla a su pueblo, sola y sin recursos. Ayudamos a estas víctimas ya sea a continuar con sus estudios, si los interrumpieron, o a aprender un oficio. Proporcionamos también cursos de alfabetización ya que, a menudo, el analfabetismo es el origen del drama que estas mujeres han vivido. Finalmente, el cuarto pilar es el acompañamiento judicial. Les proporcionamos gratuitamente consejos jurídicos: seis abogados están a su disposición y nos hacemos cargo de las costas del juicio. Pero, a pesar de esto, de 3000 mujeres que recibimos al año, no más de 300 van a juicio.

 

De hecho, organizamos numerosas campañas de sensibilización contra la estigmatización de las supervivientes de violencia sexual, ya que la sociedad tiende a rechazarlas más que a ayudarlas. Me alegra constatar que, en este aspecto, la mentalidad empieza a evolucionar en el buen sentido.

 

 

Entrevista realizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2016.