Una encuesta, efectuada recientemente entre más de 100 alcaldes estadounidenses, muestra que estos pueden hacer mucho si están resueltos a exigir la igualdad de derechos para los inmigrantes recién llegados a sus ciudades y a propiciar reformas para afrontar la política migratoria cada vez más restrictiva del gobierno federal.
Katherine Levine Einstein
En junio de 2018, una delegación bipartita de alcaldes demócratas y republicanos de la que formaba parte el presidente de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, Steve Benjamin, se desplazó a Tornillo (Texas) para protestar contra la política de separación de las familias migrantes que aplicaba el Gobierno de Donald Trump. Numerosos alcaldes estadounidenses han trascendido la línea divisoria entre los dos grandes partidos políticos para reclamar una reforma de la política migratoria y quejarse de las normas relativas a la “carga pública”, que han penalizado “a las familias inmigrantes de bajos ingresos, al denegarles visados y tarjetas de residencia porque han recibido prestaciones sociales esenciales y no pecuniarias, a las que tienen derecho en virtud de las leyes vigentes”. Esta acción bipartita conjunta de los regidores contrasta radicalmente con la rencorosa polarización partidista que caracteriza a los actuales debates sobre la migración mantenidos en el plano nacional.
A pesar de esta movilización de los alcaldes, todavía hay muchos obstáculos para que los municipios puedan reformar por sí mismos la política migratoria. En efecto, sus protestas públicas son manifiestamente contradictorias con las divisiones internas existentes entre ellos en materia de inmigración, raza y racismo.
En 2017 y 2018, en la Encuesta Menino sobre Políticas Municipales, efectuada en el marco de la Iniciativa sobre las Ciudades de la Universidad de Boston, se interrogó a más de 100 alcaldes de municipios con más de 75.000 habitantes y el 86% de los alcaldes demócratas opinaron que los migrantes deberían beneficiarse de servicios municipales, sea cual sea su situación legal, mientras que tan sólo el 29% de los regidores republicanos pensaba lo mismo.
Además, incluso los alcaldes que apoyan la lucha contra la política migratoria del Gobierno de Trump, no están muy seguros de poder contrarrestarla. En efecto, sólo el 31% de ellos cree que puede hacer mucho en este sentido. En cambio, se cifra en un 74% el porcentaje de los que estiman poseer un poder considerable para revocar iniciativas del gobierno federal en materia de políticas en general. La diferencia entre esos dos porcentajes es lógica, ya que el gobierno federal ha traspasado muchas competencias en materia de políticas a los Estados federados y los municipios, pero sigue acaparando la política migratoria con mano férrea.
Por otra parte, las legislaciones de los Estados limitan aún más la autonomía de las ciudades en este ámbito. En efecto, aunque algunos de ellos la hayan apoyado de manera explícita, en muchos Estados se está examinando la adopción de leyes que prohíben las llamadas “ciudades santuario”. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Estado cuya demografía se ha transformado en los últimos decenios debido a la inmigración, ha rubricado una ley estatal por la que se proscriben las “ciudades santuario”. En virtud de ella, los funcionarios policiales y los responsables políticos incurrirán en falta si incumplen los requerimientos formulados por los agentes del servicio de inmigración para retener a los reclusos extranjeros que hayan sido objeto de medidas de deportación.
Además, aun cuando estén situados en Estados con gobiernos más permisivos, los municipios estadounidenses tienen que afrontar serias dificultades financieras. En efecto, a menudo carecen de fondos en efectivo y su capacidad para obtener recursos suplementarios se ve coartada por las limitaciones de gasto y los onerosos gravámenes que imponen los gobiernos de sus Estados respectivos.
Una vez dicho esto, los alcaldes siguen disponiendo no obstante de muchas competencias en el plano local que pueden influir en la situación de los migrantes, sobre todo en lo relativo al mantenimiento del orden. En muchos Estados, los municipios pueden optar por no aplicar algunos elementos de la ley nacional de inmigración y convertirse así en “ciudades santuario”. Tal y como la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos señaló en una declaración hecha pública el 25 de enero de 2017: “Los departamentos municipales de policía se esfuerzan sin descanso por establecer y preservar relaciones de confianza con todas las comunidades a las que prestan servicio, comprendidas las comunidades de migrantes. Los migrantes residentes en nuestras ciudades tienen que poder confiar en la policía y en todos los órganos de gobierno municipales”.
Los municipios de por sí solos pueden hacerse también más acogedores para los migrantes, creando oficinas para su inclusión, proporcionándoles servicios en varios idiomas, llevando a cabo actividades educativas de divulgación en sus comunidades y contratando a personal de diversos orígenes.
Los alcaldes y sus ayuntamientos deben adoptar también políticas que proporcionen a las comunidades de migrantes el mismo acceso a servicios municipales de calidad que a las demás comunidades del municipio. En las ciudades estadounidenses se da un alto grado de segregación: la población blanca vive en barrios diferentes, netamente separados de los que albergan a la “gente de color”, esto es, negros, asiáticos e hispánicos. En Boston, por ejemplo, el 60% de los hispánicos tendría que mudarse de los barrios en los que reside actualmente para repartirse de forma más homogénea en el área metropolitana de esta ciudad.
Esta segregación racial y étnica conduce a una pobreza concentrada, que entraña la acumulación de toda clase de penurias socioeconómicas en un solo y mismo lugar. Este tipo de pobreza suele ir unida a un conjunto de repercusiones en el plano social y económico, por ejemplo una mayor escasez de oportunidades de empleo y un índice de delincuencia más elevado. Los barrios que concentran la pobreza cuentan, por término medio, con servicios municipales de inferior calidad.
La falta de atención a los barrios de comunidades desfavorecidas obedece a múltiples causas. Sus habitantes tienen menos posibilidades de formular peticiones a las autoridades municipales, disponen de menos tiempo para ponerse en contacto con ellas y no confían mucho en que adopten las medidas solicitadas. Además, por regla general los políticos se muestran más receptivos a las peticiones formuladas por vecinos ‒y electores‒ de clases acomodadas, de modo que, incluso cuando las comunidades pobres llegan a pedirles la adopción de medidas, hay escasas posibilidades de que accedan a ello. El resultado de la tradicional falta de inversiones en la mejora de los barrios de estas comunidades es cumulativo y muy difícil de subsanar.
Además, muchos alcaldes son reacios a reconocer la existencia de discriminaciones y desigualdades en los servicios públicos municipales. Sólo el 19% de ellos estima que los migrantes son objeto de una gran discriminación en sus ciudades. En cambio, más del 80% opina que la población blanca y la de “color” gozan de servicios de igual calidad en lo referente a los transportes públicos, la limpieza y el mantenimiento de las calles y la abundancia de parques y jardines. Reconocer la desigualdad y la discriminación es condición imprescindible para adoptar medidas concretas que permitan abordar los problemas existentes.
No se puede decir que todos los alcaldes eviten reconocer la existencia de la discriminación racial y abordar esta cuestión. Una vez más, en lo que respecta a sus opiniones sobre la prestación de servicios públicos a los migrantes, la fractura observada en la encuesta entre los dos grandes partidos políticos resultó ser muy considerable. La probabilidad de que los alcaldes demócratas perciban la existencia de discriminación contra los migrantes en sus ciudades supera en 20 puntos porcentuales a la que se da entre los alcaldes republicanos. En lo referente al acceso a prestaciones y bienes sociales públicos como empleos, atención médico-sanitaria y tratamiento equitativo en los tribunales de justicia, los primeros se inclinan mucho más que los segundos a estimar que ese acceso es más fácil para la población blanca que para la de “color”. La diferencia a este respecto entre demócratas y republicanos oscila entre 20 y 50 puntos porcentuales, según el ámbito de que se trate. Aunque alcaldes de ambos partidos han emprendido una acción simbólica conjunta contra la política migratoria de Trump, hay muchas más probabilidades de que los pertenecientes al partido demócrata respalden públicamente a los migrantes indocumentados, reconozcan la discriminación que éstos padecen en el plano municipal y admitan que el acceso a prestaciones y bienes públicos básicos de índole socioeconómica es desigual, en función de la raza de las personas.
Por eso, los migrantes tendrán que desenvolverse teniendo ante sí un variado y desigual mosaico de oferta de servicios públicos, habida cuenta de que algunos municipios ‒demócratas en su gran mayoría‒ están adoptando iniciativas para acoger mejor a los migrantes y rectificar las desigualdades, mientras que otros optan por no aplicar una política semejante debido a la existencia de limitaciones o discriminaciones.
* Se denominan “ciudades santuario” las que han contraído el compromiso de proteger los derechos de todos sus habitantes, comprendidos los migrantes sin documentación, así como el de proporcionarles servicios básicos. En los EE.UU., a los migrantes indocumentados que no están implicados en actividades delictivas estas ciudades les garantizan también que no serán ni detenidos ni deportados por las autoridades federales.
Foto: JR
