En el mundo entero, son cada vez más numerosos los ciudadanos y las ONG que acuden a los tribunales en busca de justicia climática. La amplitud sin precedentes que han adquirido recientemente esos litigios merece especial atención. Estos pleitos ayudan a forjar la opinión pública y constituyen una forma de presión que saca de la inercia a los Estados y las empresas.
Sophie Novel
Con el paso de los años se superan los registros de calor precedentes. Los gases de efecto invernadero vuelven a aumentar y la población mundial ve con inquietud y malestar la falta de reacción de los Estados. Consecuencia: un alza considerable en el número de demandas judiciales por inacción en materia de clima.
El primer caso de la nueva tendencia se dirimió en 2013 en los Países Bajos. La Fundación Urgenda presentó una demanda contra el Gobierno “por no haber adoptado medidas suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan cambios climáticos peligrosos”. Por entonces, los Países Bajos figuraban entre los Estados más contaminantes de la Unión Europea y la Fundación exigió al Gobierno que tomara medidas para reducir las emisiones entre un 25% y un 40%, entre ese año y 2020 (en relación con los niveles de 1990). El 24 de junio de 2015, la Corte de Distrito de La Haya falló en favor de Urgenda, decisión que fue confirmada el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal de Apelaciones de La Haya, basándose en hechos científicos probados y en el antiguo principio de la debida diligencia de todo Gobierno. A partir de ahora las emisiones neerlandesas de dióxido de carbono (CO2) deberán reducirse hasta alcanzar como mínimo una disminución del 25% a finales del año 2020. Este fallo, dictado en lo que se considera el primer proceso sobre responsabilidad climática juzgado en el mundo, sentó un precedente que ha inspirado luego demandas similares en numerosos países.
El 5 de abril de 2018, el Tribunal Supremo de Colombia dio la razón a 25 jóvenes que habían demandado al Estado por no haber garantizado sus derechos fundamentales a la vida y el medio ambiente. Con el apoyo de la ONG Dejusticia, el grupo logró que el tribunal ordenase al Ejecutivo, a los gobernadores de diversas provincias y a los ayuntamientos que elaboraran un plan de acción para preservar los bosques y les recordase el deber de proteger la naturaleza y el clima, en nombre de las generaciones presentes y futuras.
Poco antes, ese mismo año, los tribunales noruegos no habían sido tan favorables a los demandantes. Las ONG Greenpeace Nordic y Nature et Jeunesse, se habían opuesto en 2015 a la apertura de nuevas zonas de explotación de gas y petróleo en el mar de Barents, en el océano Ártico, uno de los ecosistemas más frágiles del mundo. Pero la Corte de Oslo consideró que las nuevas perforaciones no contravenían la Constitución de Noruega y condenaron a las ONG a pagar al Estado 580.000 coronas noruegas (61.100 dólares estadounidenses) en concepto de costas procesales.
También en 2015, en Estados Unidos 21 niños y adolescentes, auspiciados por la asociación Our Children’s Trust, incoaron un recurso ante un tribunal de Oregón para exigir que el Gobierno federal estadounidense redujera de manera significativa las emisiones de CO2. Los demandantes consideraban que sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad (consagrados en la quinta enmienda), habían sido vulnerados. El proceso, denominado “los jóvenes contra los Estados Unidos” (Juliana v. United States), está paralizado a pesar del apoyo de miles de personas, entre las que figuran juristas, empresarios, médicos, abogados internacionales y más de 32.000 jóvenes de menos de 25 años.
Durante la audiencia del 4 de junio de 2019, en el Tribunal Federal de Apelaciones del 9° circuito (que precede al Tribunal Supremo), los tres jueces se mostraron escépticos en cuanto al papel de el tribunal podría desempeñar en casos como este. Su decisión hubiera tenido una repercusión importante en lo relativo a decidir si los tribunales pueden ser solicitados o no para tomar medidas sobre las cuestiones climáticas en Estados Unidos.
En cambio, ese mismo año en Pakistán un agricultor ganó una demanda en 2015 en la que solicitaba a los jueces que obligaran al Estado de ese país, especialmente afectado por el recalentamiento del clima, a aprobar una legislación climática que protegiese su granja y le garantizase el derecho a la alimentación y el acceso al agua.
En Francia, el primer litigio de ese tipo comenzó en diciembre de 2018, a petición de la asociación Notre affaire à tous, con los auspicios de otras tres ONG (Oxfam, Greenpeace y la Fundación Nicolas Hulot). En este “proceso del siglo” se formularon seis peticiones al Gobierno: la inscripción del clima en la Constitución, el reconocimiento de que el cambio climático es un delito de ecocidio, la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para defender el bienestar climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la regulación de las actividades de las empresas multinacionales y el cese de los subsidios a las energías fósiles. Con la ayuda de numerosas redes de difusión, la iniciativa obtuvo un éxito sin precedentes y más de dos millones de firmas la avalaron en pocas semanas. En marzo de 2019, en ausencia de respuesta del Gobierno, las ONG presentaron un recurso ante los tribunales. Las asociaciones demandantes saben que el procedimiento judicial se prolongará durante largo tiempo, pero confían en que sensibilizará a un amplio sector de la población y transmitirá la idea de que la justicia es una auténtica palanca capaz de forzar la acción gubernamental.
En el ámbito europeo, se interpuso en mayo de 2018 un primer recurso en nombre de una docena de familias procedentes de ocho países (Francia, Portugal, Rumania, Italia, Alemania, Suecia, Kenya y Fiji). El caso se denominó “People`s climate case” [El pueblo en defensa del clima]. Los interesados demandaron al Parlamento y al Consejo de Europa ante la Corte Europea de Justicia el Tribunal Europeo porque esos órganos habían autorizado un nivel demasiado alto de emisiones de gases de efecto invernadero. Según un comunicado de prensa difundido por los demandantes, estos exigen a la Unión Europea que refuerce sus ambiciones en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero para lograr al menos una reducción adicional del 55% de aquí a 2030, en comparación con el año base de 1990, en lugar del 40% fijado actualmente, que consideran “un objetivo inadecuado en vista de las necesidades reales de prevenir los riesgos del cambio climático e insuficiente para proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, la actividad y la propiedad”.
También se han planteado pleitos judiciales por delitos relativos al clima contra empresas del sector privado. La índole de las demandas varía en función de los destinatarios: a los Estados se les exige movilizaciones y medidas más urgentes, previsoras y estrictas; al sector privado, se le piden cada vez más reparaciones en forma de indemnización por las pérdidas sufridas (de cosechas o de infraestructuras) en caso de incidentes climáticos (canícula, sequía, inundación, etc.) o se le exige que asuma los costos de las obras de prevención ejecutadas (sobre todo, en las zonas costeras).
Entre los litigios emblemáticos incoados contra el sector privado cabe mencionar el que se desarrolló en Alemania en noviembre de 2017. Tras un proceso judicial de dos años, la justicia aceptó examinar la demanda de Saúl Luciano Lliuya, un campesino y guía de montaña peruano, oriundo de la ciudad de Huaraz (100.000 habitantes), que quiere obligar al consorcio energético RWE a pagar reparaciones por los efectos del cambio climático en los Andes. Una vez que su demanda fue admitida a trámite, el procedimiento entró en la fase de evaluación. Un avance simbólico que obliga a los Estados a operar en el frente de la justicia climática mundial.
En Filipinas, en 2015, los supervivientes del supertifón Haiyan y una coalición de ONG plantearon ante la Comisión de Derechos Humanos de ese país un pleito judicial contra 47 empresas multinacionales (Shell, Exxon Mobil y Chevron, entre otras). ¿Su demanda? Una investigación sobre las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos, y también sobre el posible incumplimiento de las empresas más contaminantes de sus responsabilidades hacia el pueblo filipino. Otra demanda está en curso…
En Estados Unidos se multiplican los procesos contra la industria del petróleo (Big Oil), a la que acusan de ser responsable del cambio climático y de sus consecuencias (subida del nivel del mar y erosión costera) y de haber “difamado” deliberadamente a la ciencia del clima.
En mayo de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calculó que en el mundo había más de 900 procedimientos judiciales en curso relativos a temas climáticos. Y la cifra crece por día: en mayo de 2018, la base de datos del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático calculaba que había 1.440 procesos climáticos en marcha en el mundo entero, de los cuales 1.151 se desarrollaban en Estados Unidos.
“A veces los demandantes saben muy bien que el procedimiento no tiene posibilidades de llegar a término, pero lo que les importa es la notoriedad y la manera en que se plantea el litigio”, explica Sandrine Maljean-Dubois, directora de investigación del CNRS en la Universidad de Aix-Marsella. Según ella, “lo esencial es constatar que el Estado ha errado, que es responsable de una carencia y que debe remediarla y escoger los medios para cumplir con sus obligaciones”. Se trata pues de conseguir medidas, más que indemnizaciones, y de ejercer presión política mediante los pleitos, pero también por medio de manifestaciones y huelgas relativas al clima, con el fin de ver cómo la sociedad civil multiplica las gestiones de este tipo en pro de otros temas: contaminación atmosférica, diversidad biológica, medio ambiente… “Incluso cuando se pierde un proceso se puede obtener un resultado positivo, para demostrar que el derecho no está a la altura de las circunstancias”, terminó diciendo la especialista.
