Es indispensable educar sobre el cambio climático, cómo atenuar y remediar sus efectos, y sensibilizar a las personas sobre las cuestiones relativas al desarrollo sostenible. En América Latina se llevan a cabo experiencias que merecen ser imitadas tanto en la región como en otros continentes. No obstante, se han descuidado ciertos aspectos.
Laura Ortiz-Hernández
En los últimos años, la crisis medioambiental y el cambio climático han puesto de manifiesto la necesidad de transformar la manera de pensar y de actuar. Por lo tanto, la educación para el desarrollo sostenible (EDS) es un factor clave en la búsqueda de métodos alternativos para la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa. Según la UNESCO, la EDS fomenta cambios en el conocimiento, las competencias, los valores y las actitudes que propician una sociedad más sostenible y justa para todos, con un enfoque equilibrado de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
En América Latina y el Caribe (LAC), la EDS ha avanzado mediante la aplicación de diferentes estrategias, dependiendo de las condiciones de cada país. En México, por ejemplo, la EDS se ha puesto en práctica en todos los niveles del sistema escolar: juegos didácticos en la educación preescolar, actividades y programas en favor de la biodiversidad en la enseñanza primaria o básica, así como la integración en los planes de estudio de la enseñanza secundaria de asignaturas relacionadas con el tema. En países como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú se crean estrategias ad hoc en favor de la EDS –publicaciones de libros, programas televisivos y radiales, visitas a zonas naturales protegidas, formación de docentes capaces de abordar estos temas– para cumplir con las regulaciones establecidas.
Además del sistema formal, las organizaciones de la sociedad civil trabajan en la transmisión de conocimientos sobre diferentes temas ambientales y en apoyar el trabajo de los docentes en las escuelas.
Según el informe del Proyecto RISU (2015), que define los indicadores para la evaluación de las políticas de sostenibilidad en universidades de América Latina el 70% de estas cuenta con una autoridad universitaria para aplicar medidas ambientales, el 86% realiza actividades extracurriculares de comunicación y sensibilización sobre temas medioambientales y de sostenabilidad, y el 46% desarrolla investigaciones en estos dos ámbitos.
El informe revela también que el 46% de las universidades cuenta con un plan de sostenibilidad energética y el 35% realiza actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro energético. Por último, el 33% realiza un control de la calidad del agua para consumo humano y en el 61,5% existe una unidad responsable de la gestión de los residuos peligrosos. La mitad de las universidades cuenta con un sistema de información y seguimiento de residuos sólidos por tipo y cantidad.
Estos índices resultan más bien alentadores, pero es importante destacar que en el sector educativo se ha hecho sobre todo hincapié en los aspectos medioambientales, pero aún falta incluir los aspectos sociales que complementen los esfuerzos que se llevan a cabo en la consecución de los ODS que los 193 Estados Miembros deben alcanzar de aquí a 2030. Se trata de una nueva etapa que habrá que franquear.
