Editorial

La primavera pasada, la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 provocó un parón en el mundo entero. Pero el tráfico ilícito de bienes culturales no se detuvo. Al contrario. Los traficantes de bienes culturales aprovecharon que había disminuido la vigilancia en museos y sitios arqueológicos para perpetrar impunemente robos y excavaciones ilegales.

Las cifras hablan por sí solas: nunca había sido tan intenso el interés por adquirir mosaicos, urnas funerarias, esculturas, estatuillas o manuscritos antiguos. Esta presión del lado de la demanda contribuye a fomentar al mercado ilegal de obras de arte y antigüedades que, en gran parte, funciona ahora en Internet, por conducto de plataformas que suelen tener pocos miramientos con el origen de esos objetos. 

Determinadas organizaciones delictivas y terroristas aprovecharon la oportunidad para financiar sus actividades o blanquear sus ingresos. A partir de 2014 el EIIL organizó el saqueo masivo y metódico de museos y sitios arqueológicos en las zonas de Siria e Iraq que cayeron bajo su dominio. 

Se calcula que el comercio ilícito de bienes culturales ocupa actualmente, en términos monetarios, el tercer lugar en el rango de actividades ilegales, solo superado por el tráfico de drogas y el de armamentos. Ese comercio clandestino, que afecta al ámbito cultural y prospera en zonas de conflicto, ha llegado a ser una amenaza para la paz y la seguridad internacional. 

La Convención de la UNESCO sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, adoptada en 1970 y que este año cumple su quincuagésimo aniversario, es más que nunca decisiva en este combate. En medio siglo, se han alcanzado grandes logros en la elaboración de leyes preventivas, la formación de profesionales, la consolidación de la cooperación internacional y la devolución a los países de origen de las obras de arte robadas o exportadas de forma ilícita. Testimonio de lo anterior es la toma de conciencia sobre el perjuicio cultural, moral y material causado por ese tráfico ilícito, que desde hace poco ha sido reconocido como un crimen de guerra por las Naciones Unidas. Prueba de ello también es la decisión de los Estados miembros de la UNESCO de celebrar cada 14 de noviembre el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Pero la dificultad de reprimir el tráfico en línea, la lenidad de las sanciones previstas para los traficantes y la vulnerabilidad de las zonas en conflicto exigen hoy una nueva movilización internacional.

Ernesto Ottone Ramírez

Subdirector General de Cultura de la UNESCO