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El programa de la UNESCO en materia de Derecho a la Educación desarrolla, da seguimiento y promueve las normas y estándares que atañen el derecho a la educación con miras a implementar el derecho en el plano nacional y a hacer avanzar la consecución de la Agenda 2030 de Educación. Proporciona asesoramiento técnico y asistencia a los Estados Miembros para revisar o desarrollar sus marcos jurídicos e institucionales, a la vez que fomenta las capacidades, las alianzas y concienciación en lo relativo a los retos primordiales.
El elemento clave de la estrategia de la UNESCO en este ámbito es garantizar que las obligaciones jurídicas del Estado queden debidamente reflejadas en los marcos jurídicos nacionales y que se conviertan en políticas y programas concretos. Para ello cuenta con el respaldo del enfoque basado en los derechos de la nueva Agenda plasmada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y sus metas.
En el ámbito de la nueva Estrategia para los instrumentos normativos de la esfera de la educación (2015-2021), adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en octubre de 2015, la labor normativa es un elemento fundamental de la labor del programa de educación en todas las funciones y actividades llevadas a cabo por la UNESCO en esta esfera.
De conformidad con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, los principios fundamentales del derecho a la educación constituyen la estrategia fundamental que guía la acción normativa de la UNESCO y, en particular, el principio de igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, sin discriminación o exclusión.
La UNESCO mantiene un diólogo con los Estados Miembros con el objetivo de ayudarlos a superar los obstáculos que impiden la realización del derecho a la educación, incluidas la marginación en la enseñanza o la desigualdad y las disparidades en cuestiones educativas.
Una de las mayores preocupaciones es lograr un seguimiento de los instrumentos normativos más eficaz en el ámbito educativo. El seguimiento de la aplicación de dichos instrumentos se lleva a cabo mediante los propios instrumentos de la UNESCO, en particular la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y gracias a la colaboración de la Organización con los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Se hace hincapié en construir y reforzar las capacidades y los mecanismos, y la UNESCO proporciona asistencia técnica a los Estados Miembros para que puedan revisar los marcos jurídicos nacionales.
La UNESCO incentiva el debate público sobre cuestiones fundamentales en aras de facilitar una mejor comprensión del significado de la acción normativa con particular énfasis en movilizar a las partes interesadas. Forman parte de las acciones estratégicas de la Organización las campañas de sensibilización, la elaboración y difusión de las investigaciones y los estudios, así como los programas de capacitación realizados en colaboración con los principales interesados.
Para ayudar de manera máz eficaz a los Estados Miembros, la UNESCO trabaja en estrecha colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, moviliza, desarrolla y promueve la alianza mundial para sensibilizar a las personas en cuestiones esenciales relativas a su aplicación, tales como la privatización de la educación, la protección de los derechos de los refugiados, el derecho a la educación de personas con discapacidad, la condición del personal docente, el derecho a la educación de las niñas y las mujeres o el derecho a la educación de los pueblos indígenas.
En su labor la UNESCO recibe el respaldo de la Observatorio sobre el derecho a la educación, una plataforma que brinda información detallada sobre el nivel de implementación del derecho a la educación permitiendo el acceso a los perfiles de 195 países y a más de 1200 documentos oficiales.