“Cualquier intento de Naciones Unidas de elaborar una Declaración de derechos humanos fundada sobre concepciones individualistas estará inevitablemente condenado al fracaso”, escribió el profesor británico de Ciencias Políticas Harold J. Laski (1893-1950). Según él, para superar la concepción individualista, el Estado debe intervenir y garantizar un cierto número de derechos sociales. Esta es su respuesta a la encuesta de la UNESCO sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, enviada desde Londres, en junio de 1947, bajo el título “Hacia una Declaración universal de derechos humanos”, de la que publicamos algunos extractos.
Harold Joseph Laski
Para que un documento tan importante como una Declaración universal de derechos humanos tenga una significación y una influencia duraderas, es importantísimo recordar que las grandes declaraciones del pasado representan un legado especial de la civilización occidental; que se hallan hondamente embebidas en una tradición protestante burguesa - la cual es, a su vez, signo notorio del advenimiento de la burguesía al poder -; y que, siendo tal expresión universal en su forma, los subsiguientes intentos de realización solo en contados casos han penetrado por debajo del nivel de la clase media.
El principio de “igualdad ante la ley” no ha significado gran cosa para los individuos de la clase obrera en la mayoría de las colectividades políticas y menos aún para los negros de los estados del sur de Estados Unidos.
La “libertad de asociación” no fue lograda por los sindicatos de Gran Bretaña sino en 1871. En Francia, salvo el breve intervalo de 1848, solo en 1884. En Alemania acaeció ese suceso en los años postreros de la era bismarckiana y aun entonces solo de modo parcial. De hecho, los Estados Unidos hubieron de esperar hasta la National Labour Relations Act (Ley Nacional de Relaciones del Trabajo), promulgada en 1935, para alcanzar ese estado, y todavía en el presente dicha ley es objeto de fuertes ataques en el Congreso. Todos los derechos proclamados en los grandes documentos de ese carácter son realmente meras declaraciones de una aspiración, cuya posibilidad de realizarla encuentra un límite en la opinión adoptada por la clase dominante, en una comunidad política, respecto a la seguridad de unos intereses que dicha clase está resuelta a mantener.
Precisa recordar, además, que una de las motivaciones principales de las anteriores declaraciones de derechos ha sido el pretendido antagonismo entre libertad del ciudadano individual y la autoridad del gobierno en la comunidad política. Existe, además, el problema más hondo - surgido del supuesto inconsciente o semiconsciente de quienes redactaron los grandes documentos del pasado - de que cualquier adición o incremento al poder gubernamental constituye una sustracción hecha a la libertad del individuo. Máximas como la famosa de Bentham: “Cada hombre es el mejor juez de sus propios intereses”, y aquella otra según la cual “cada hombre cuenta como uno y nada más que como uno”, tienen sus raíces en ese fondo de organización social, tan vigorosamente escrito por Adam Smith, donde, bajo “cualquier simple sistema de libertad natural”, los hombres, en enconada competencia económica, se hallan guiados “por una mano invisible hacia el logro de un fin que escapa a sus designios”, finalidad que, por una misteriosa alquimia, constituye el bien de la comunidad entera.
Aun suponiendo - y es mucho suponer - que esa concepción liberal tuvo validez algún tiempo, evidentemente ya no es válida en la actualidad. Existen ciertos elementos vitales en el bien común que sólo pueden alcanzarse mediante la acción del Estado - educación, vivienda, sanidad, seguridad contra el desempleo: si la comunidad ha alcanzado un cierto nivel como el característico de la civilización occidental, tales elementos no pueden quedar asegurados sino mediante una cierta cooperación de los ciudadanos que no desempeñan funciones de gobierno. Analizando la situación más a fondo, resulta evidente que, lejos de producirse un necesario antagonismo entre la libertad individual y la autoridad del gobierno, existen áreas de vida social en que el segundo factor es necesaria condición del primero. Ninguna declaración de derechos puede resultar suficiente en una situación contemporánea que ignore ese hecho. [...]
A la luz de semejantes consideraciones, cualquier intento de las Naciones Unidas para formular una Declaración de derechos humanos en términos individualistas se halla inexorablemente condenada al fracaso. Escasa autoridad tendría en aquellas colectividades políticas que, por razón de su número de habitantes y por la magnitud de su esfuerzo, se ven ante la necesidad cada vez más urgente de planear su vida económica y social. En efecto, está justificado ir más lejos aún y afirmar que si los supuestos de semejante declaración fueran individualistas, el documento sería considerado como amenaza a una nueva concepción de la vida por parte de los defensores de unos principios históricos que ahora se hallan expuestos a una prueba seria. Su efecto sería separar, en lugar de unir, los intentos encaminados al logro de propósitos comunes, mediante instituciones y módulos comunes de conducta, que semejante declaración se interesa por promover.
Nada se gana, en efecto, y mucho puede perderse, en cambio, a menos que una declaración de esa naturaleza advierta las importantes diferencias de ideología entre las sociedades políticas y tome plenamente en consideración sus consecuencias en la conducta de individuos e instituciones. Todo empeño por paliar ese problema equivaldrá a ignorar por completo los inmensos cambios de actitud que una sociedad socialista, por una parte -aun tratándose de una sociedad que acaba de embarcarse en un experimento socialista-, y una sociedad capitalista, por otra, adoptarán con respecto a cosas tales como la propiedad privada, el derecho civil y penal, los servicios sanitarios y la educación; la posibilidad para cada uno de nosotros de no tener la obligación de ganarse la vida a cierta edad; el lugar ocupado por las artes –o por la cultura, en su sentido más amplio- en la sociedad; los métodos de propagar noticias e ideas; los procedimientos empleados por los ciudadanos para decidir su vocación en la vida, las condiciones de promoción en la vocación adoptada y la relación del sindicalismo con el progreso económico. [...]
Resulta difícil, además, evitar la conclusión que fue sagazmente formulada por Marx cuando dijo que “las ideas dominantes de una época son las ideas de su clase dominante”. De esa conclusión se sigue que, históricamente, las anteriores declaraciones de derechos humanos han sido realmente tentativas de consagrar los derechos que una determinada clase dominante, en un determinado periodo de la vida de una sociedad política, consideró que tenían una importancia peculiar para los miembros de esa clase. Es indudable que, con mucha frecuencia, y casi habitualmente, se redactaron en una forma universal; acaso este anhelo de universalidad les dio un poder de inspiración que rebasaba el área en la cual se proponían ser efectivos. Pero generalmente resulta cierto que en su aplicación la universalidad quedó siempre reducida a una particularidad que, en lo posible, se hizo coincidir con lo que la clase dominante consideraba como su interés exclusivo, o como los límites necesarios para una concesión sin riesgos. [...]
Una Declaración internacional de los derechos humanos que estuviese basada en estas premisas y construida sobre estas conclusiones -y que todos los hombres y mujeres del mundo pudiesen considerar como un programa de acción- sería un estímulo valioso para el reconocimiento de la necesidad de reforma, cuyo prolongado rechazo es probable que provoque en unos sitios una revolución violenta, una contrarrevolución de igual naturaleza en otros, y acaso, lo que es peor, un conflicto internacional que fácilmente podría asumir el carácter de una guerra civil extendida al mundo entero.
Para suministrar la inspiración apropiada, semejante declaración tendría que ser valiente en su carácter general y concreta en sus detalles. Habría de tener en cuenta más bien las posibilidades que están por nacer que las tradiciones que están muriendo ante nuestros ojos. Sería preferible no tener ninguna declaración, antes que una tímida y carente de precisión, u otra que intentase un insostenible compromiso entre principios irreconciliables de acción social. Una declaración como esa haría más mal que bien, a menos que se publicara con la expectativa razonable de que los miembros de las Naciones Unidas habrían de darle el apoyo de una fe y un respeto incuestionables.
Una época como la nuestra, que ha visto la impotencia de la Sociedad de Naciones, el desprecio con que se miró al Pacto Briand-Kellogg y la cínica violación de la ley y de la costumbre internacionales, y que ha vivido bajo la bárbara tiranía de regímenes que han hecho de la tortura y el asesinato en masa la justificación de su política, no puede permitirse otro fracaso que tendría consecuencias incalculables. No tienen derecho a suscitar esperanzas en la humanidad quienes no están preparados para organizar las condiciones esenciales sin las cuales no existen perspectivas de que se realicen. La próxima traición de los estadistas a lo que el hombre común considera como base del respeto propio como ser humano será el preludio de un desastre que nuestra civilización no podrá soportar.
Foto: Boubeker Hamsi
