Durante la reunión de los ministros de Finanzas en las Naciones Unidas el 8 de septiembre para debatir sobre la financiación para el desarrollo en la era de la COVID-19: los dirigentes deben dar prioridad a la inversión en educación para los países de ingresos bajos y medio bajos.
Una nueva investigación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la UNESCO muestra que se prevé que el cierre de escuelas a causa de la COVID-19 aumente el déficit anual de financiación de la educación en los países más pobres hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, invertir ahora en programas de reinserción de alumnos y recuperación, reduciría el deficit de financiación adicional en un 75%.
Las nuevas estimaciones de la UNESCO muestran en primer lugar el sorprendente aumento del déficit de financiación anual para cumplir el cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS4) de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos para 2030 en los países de ingresos bajos y medio bajos. Dado que las nuevas necesidades de gasto annual son de 504.000 millones de dólares, el déficit de financiación ha aumentado de 39.000 millones de dólares anuales previstos para 2015 a 148.000 millones de dólares anuales previstos para 2020. El plazo ahora más corto para alcanzar el ODS4 y las mejoras en las normas de calidad en la educación son algunas de las razones del aumento.
La pandemia de COVID-19 agrava de manera muy considerable los déficits de financiación de la educación. En los escenarios plausibles como los de cierres de escuelas y aumento del PIB, la crisis de COVID-19 suma un 30% más al déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares para llegar hasta los 200.000 millones de dólares.
A menos de un decenio del plazo fijado cumplir el ODS4, el mundo se enfrenta a una crisis de financiación de la educación que amenaza con agravarse aún más con la pandemia de la COVID-19, Generaciones enteras están en riesgo, en particular los más vulnerables. Si bien la educación es claramente una víctima de la pandemia, también es la solución para la recuperación a largo plazo. Exhorto a todos los agentes a que no escatimen esfuerzos para dar prioridad a la inversión en la educación como bien público mundial.
El cierre de escuelas ha causado la pérdida de aprendizaje para millones de estudiantes. Las soluciones de enseñanza a distancia simplemente no son una opción para al menos 580 millones de estudiantes en países de ingresos bajos y medios, según una encuesta realizada por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial.
El aumento de los costos para los países desde que surgió la pandemia se debe a la necesidad de volver a matricular a los estudiantes y ofrecer programas de recuperación para ayudar a los más marginados a volver a la escuela, apoyarlos para que se pongan al día y maximizar sus posibilidades de permanecer en la escuela. Además, se necesitan inversiones adicionales para garantizar que los niños estén seguros cuando regresen a las clases y tengan acceso a instalaciones de higiene y aulas adicionales que permitan mantener el distanciamiento físico. Estos programas y acciones añadirán entre 5.000 y 35.000 millones de dólares a las necesidades de financiación. Sin embargo, son mucho más baratos que tener que poner en marcha programas de segunda oportunidad más adelante. Actuar ahora en lugar de después podría reducir el costo potencial de la COVID-19 en la educación en un 75%.
La UNESCO ha advertido que es probable que la ayuda total a la educación disminuya en un 12% para 2022 debido a las consecuencias económicas de la COVID-19. Esto constituye una amenaza para la recuperación de la educación una vez que se supere la pandemia.
La reducción del impacto de la COVID-19 en la educación de los niños y niñas requiere las siguientes medidas:
- Los gobiernos de los países de ingresos bajos y medios bajos deben resistir la presión de recortar su presupuesto para la educación debido al difícil entorno fiscal. La inversión para las escuelas y los alumnos debe mantenerse, si no aumentarse. Los gobiernos deben también destinar una parte significativa de su presupuesto de educación a las regiones y escuelas más marginadas;
- Del mismo modo, los donantes internacionales deben proteger su parte de la ayuda internacional al desarrollo destinada a la educación mundial y, además, utilizar una financiación equitativa para garantizar que el apoyo se dirija a los países y regiones con desigualdades crónicas. Sólo el 47% de la ayuda a la educación básica y secundaria se destina a los países de ingresos bajos y medios bajos, donde más se necesita;
- Esta crisis sanitaria ha exacerbado el efecto de las desigualdades en las oportunidades de educación. Los países necesitarán financiación adicional para las respuestas a la COVID-19 que no estaban programadas anteriormente. Los donantes deben garantizar la flexibilidad necesaria para que los programas existentes puedan reestructurarse y reajustarse para ayudar a los países a garantizar que la COVID-19 sea sólo un revés temporal;
- Los ministerios de educación y de protección social deben trabajar juntos y orientar sus políticas hacia los más desfavorecidos. Los programas de protección social, como las transferencias condicionadas de efectivo o las subvenciones para niños con un componente de educación, que tienen por objeto hacer frente a la pobreza, por ejemplo, con una dimensión de género, son particularmente importantes. Políticas como éstas asegurarán que menos niños abandonen la escuela.
La incertidumbre sobre cuándo se reabrirán las escuelas se traduce en una menor participación y en una prolongada pérdida de aprendizaje, sobre todo para los niños más marginados. Sabemos, gracias a investigaciones anteriores, que los alumnos más pobres son los que menos probabilidades tienen de ponerse al día, lo que afectará a su futura capacidad de ganarse la vida. La planificación a largo plazo para la recuperación de esta pandemia debe incluir el aumento de la financiación de la educación ahora en forma de programas de recuperación, en lugar de esperar y hacer frente a las facturas de las clases de recuperación a las que muchos no podrán incorporarse ni pagar.
Cubrir un déficit financiero que corre el riesgo de aumentar a 200.000 millones de dólares al año debido a la COVID-19 requiere un cambio sistémico, y sólo es posible si los líderes responden a esta emergencia educativa mundial.
La comunidad internacional debe movilizar urgentemente fondos adicionales para la educación si hay cualquier esperanza de alcanzar las metas del ODS4, que la pandemia ha alejado.
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