Uruguay

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Uruguay ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, ratificada en 2004, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en el 1990, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ratificada en 2016. En relación a la Agenda 2030, la Resolución 862-2016 encomienda: a la Oficina de Planeamiento y Financiamiento, el monitoreo y la articulación de las políticas públicas y la elaboración de los informes de seguimiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible; a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el seguimiento de actividades de cooperación internacional también en relación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); y, finalmente, al Instituto Nacional de Estadística (INE), la elaboración de indicadores propios y de apoyo en el relevamiento que realicen otros organismos para el seguimiento de los ODS.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En el art. 1 de la Ley General de Educación, Uruguay declara el interés general por la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. El art. 2 reconoce el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas, sin discriminación alguna.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

La Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050 propone como uno de los ejes estratégicos la transformación social. Allí se plantea como meta la consolidación de una arquitectura universal de protección social hacia 2050. Entre las propuestas, se encuentra fortalecer el acceso, la permanencia y culminación de la escolaridad de los estudiantes.

El Plan Nacional de Educación 2010-2030 presenta como lineamientos estratégicos generales: ampliar el acceso, la retención y el egreso de todos los estudiantes; reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes; adecuar los contenidos curriculares; fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades de aprendizajes integradas; diseñar y establecer una política nacional docente, que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo; y transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico-administrativas y de servicios.

El sistema nacional de educación está conformado, según lo establece la Ley General de educación N^o 18.437, por el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes del país. Comprende, en diferentes modalidades y orientaciones, la educación para la primera infancia, la educación inicial, primaria, media básica, media superior, terciaria, y para personas jóvenes y adultas. El tramo de escolarización obligatorio abarca 14 años. Es obligatoria la educación inicial para niños y niñas de 4 y 5 años de edad, la educación primaria y la media básica y superior.

La educación formal ofrece opciones organizativas o metodológicas, con el propósito de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Entre ellas, la educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas, y la de personas con discapacidades, promoviéndose la inclusión según las posibilidades de cada persona y brindando los apoyos necesarios.

La educación no formal está integrada por diferentes áreas de trabajo educativo, entre ellas: alfabetización, educación social, educación de personas jóvenes y adultas. Se promueve su articulación y complementariedad con la educación formal, con el propósito de que la no formal contribuya a la reinserción y continuidad educativa.

El sistema educativo uruguayo cuenta con una amplia y heterogénea oferta de educación no formal, pública y privada, y buena parte de ella se encuentra dirigida a personas jóvenes y adultas. Es independiente y paralela a la oferta convencional. Es reconocida por distintas instituciones públicas y privadas, y jerarquizada como parte de las políticas educativas y del sistema nacional de educación, a partir de la creación del Consejo de Educación no Formal en Educación (CONEFOR).

La educación de personas jóvenes y adultas se desarrolla a través de propuestas de educación formal y no formal.

La educación formal atiende a mayores de 15 años. Apunta especialmente a aquellas personas jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo, con el propósito de lograr su continuidad en él y la culminación de la educación obligatoria, a través de diferentes propuestas y proyectos especiales elaborados de acuerdo a las características de la población a la que están dirigidos.

La educación no formal de personas jóvenes y adultas se orienta a todas aquellas que quieren adquirir aprendizajes, conocimientos y habilidades fuera de la educación formal. En este sentido, la oferta es muy amplia y diversa; incluye la capacitación laboral, la educación para la vida y la ciudadanía, y para las diferentes esferas de la vida social que la demandan, independientemente de las trayectorias educacionales formales.

El Marco Curricular de Referencia Nacional, promovido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en 2016, busca brindar orientaciones que habiliten y apoyen el desarrollo de ambientes de aprendizajes y ofertas educativas a nivel nacional, que contemplen las singularidades de las poblaciones, los territorios, las capacidades instaladas y las estrategias de evaluación correspondientes.

a. Educación en la primera infancia

La educación en la primera infancia comprende el ciclo vital desde el nacimiento hasta los 3 años de niños y niñas. Es la primera etapa del proceso educativo y se integra al sistema nacional de educación como oferta educativa no formal.

Los servicios de atención y educación se ofrecen en: centros educativos privados, regulados por el Ministerio de Educación (MEC); centros coordinados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP-CEIP), tanto de gestión pública como privada; y centros del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), a través de los centros de atención de la infancia y la familia (CAIF).

b. Educación inicial

La educación inicial está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 5 años. Su propósito es promover el desarrollo afectivo, social y psicomotriz de niños y niñas pequeños (Ley General de Educación, art. 24). Forma parte del tramo de escolarización obligatorio.

La ANEP - CEIP, el INAU y los centros educativos privados ofrecen servicios de educación inicial. La ANEP - CEIP concentra el 64% de la matrícula (MEC, 2018).

c. Educación primaria

La educación primaria está dirigida a niñas y niños de 6 a 11 años. Es obligatoria. Su propósito es “brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad” (Ley General de Educación, art. 25).

Se ofrece educación primaria en dos modalidades: común y especial. La modalidad de educación especial atiende a niños y niñas que viven con discapacidad.

La ANEP-CEIP y los centros privados ofrecen servicios de educación primaria común y especial. La ANEP - CEIP concentra el 82,1% de la matrícula de la educación primaria común y el 64,1% de la educación primaria especial (MEC, 2017).

d. Educación media

La educación media básica tiene una duración de tres años. La edad teórica de ingreso y egreso se extiende desde los 12 a los 14 años. Es obligatoria. Su propósito es que los estudiantes desarrollen competencias y el dominio teórico-práctico de disciplinas artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas (Ley General de Educación, art. 26). Se ofrece en dos modalidades: general y técnica. Incluye al programa Ciclo Básico Rural.

e. Educación media superior

La educación media superior tiene una duración de tres años. La edad teórica de ingreso y egreso se extiende desde los 15 a los 17 años. Permite la continuidad educativa hacia el nivel terciario. Tiene un grado de especialización mayor y se ofrece en dos modalidades: general y tecnológica.

f. Educación terciaria

El propósito de la educación terciaria es profundizar y ampliar la formación de la población en alguna rama específica del conocimiento. Requiere la aprobación de la educación media superior (Ley General de Educación, art. 29). Se divide en educación terciaria no universitaria, formación en educación y educación universitaria.

La oferta de educación terciaria no universitaria de gestión estatal está conformada por los cursos y las carreras que administra el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de ANEP, las Escuelas Militares y la Escuela Nacional de Policía (Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior), y la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD). La oferta privada se concentra en los institutos de enseñanza terciaria no universitaria, habilitados por el MEC.

La oferta de servicios educativos de formación en educación de gestión estatal depende del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP. Se orienta a la formación de docentes, docentes técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores sociales.

La oferta de educación universitaria se orienta a la producción de conocimiento. Contempla los procesos de enseñanza, investigación y extensión. La oferta de cursos y carreras universitarias de gestión estatal se concentra en la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Tecnológica (UTEC). Hay una variada oferta de cursos y carreras universitarias de gestión privada. Expide títulos de grado (licenciaturas) y posgrado (maestrías y doctorados).

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los datos del Panorama Educativo 2017 del Ministerio de Educación, se registró en 2017 un total de 1.003.803 estudiantes en todo el sistema. La distribución según el nivel educativo fue la siguiente: 187.852 en el nivel inicial; en el primario, 308.710; en el secundario, 357.264 (185.185 en media básica y 172.079 en media superior); 5248 en educación técnica; y 144.729 en el nivel terciario.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

Una mirada desde los recursos que Uruguay está movilizando para garantizar el derecho a la educación, de modo general y sin pretensión de exhaustividad, permite realizar las Siguientes observaciones.

En el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, la ANEP señala que las trayectorias escolares siguen siendo un área donde focalizar las acciones públicas. Aún se observan altos niveles de extraedad en el sistema; altos niveles de no aprobación –que alcanzan el 25% en la educación media básica y el 50% en algunos programas de educación técnica–; la interrupción de la escolaridad en la educación media y la culminación del ciclo obligatorio que ronda el 40%, muy lejos de los logros alcanzados por muchos de los países de la región. En este sentido, el país despliega un conjunto de instrumentos para fortalecer el acceso, la permanencia y terminalidad de la trayectoria escolar de sus estudiantes.

Una mirada desde el currículo y modelos de gestión, muestra una oferta variada para garantizar la atención, educación y cuidado en la primera infancia (CAIF, CAPI y Uruguay Crece Contigo); formatos escolares con foco en la inclusión educativa (programa Aulas Comunitarias, programa Uruguay Estudia [PUE], programa Aprender Siempre, programa Rumbo, entre otros); y acciones orientadas a sostener las trayectorias de aquellos que presentan bajo rendimiento escolar, como por ejemplo, las que llevan adelante los Maestros Comunitarios. Finalmente, se destaca el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, a cargo del Consejo de Educación Secundaria de la ANEP, que busca detectar a los estudiantes desvinculados del sistema, diseñar una propuesta educativa contextualizada, con propuestas pedagógicas ajustadas a la singularidad de la situación, y acompañar el tránsito de la escolaridad de los estudiantes en clave territorial, articulando con otras instituciones y políticas sociales.

En cuanto al foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, tiene centralidad la estrategia emblema Plan Ceibal, que propone promover la inclusión digital, con el fin de disminuir la brecha digital tanto con respecto a otros países como entre la ciudadanía de Uruguay, posibilitando mayor y mejor acceso a la educación y la cultura, por medio de la entrega de dispositivos. Desde su implementación, extendió la conectividad por fibra óptica; proveyó de equipamiento a estudiantes, docentes y escuelas; y diseñó plataformas educativas a través de las cuales se accede a libros digitales, se aprende robótica, programación y se enseñan idiomas a distancia.

En relación al foco de intervención docentes, se observan diversas acciones coordinadas por el Consejo de Formación en Educación. Entre ellas, un componente importante lo ocupa el fortalecimiento de competencias digitales a través del Programa de Medios y Entornos Tecnológicos Digitales para el Aprendizaje (MENTA) y CINEDUCA, cuyos objetivos son formar en el lenguaje audiovisual, desarrollar herramientas y sensibilidades para comprender y expresarse con este lenguaje y generar oportunidades de desarrollo de la cultura audiovisual de los sujetos en las comunidades educativas. En paralelo, muchas de las acciones de inclusión educativa y nuevos formatos escolares incluyeron en su oferta programática el fortalecimiento de las competencias docentes.

Finalmente, distintos organismos públicos destinan recursos para fortalecer las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sostener las trayectorias escolares, principalmente a través de recursos financieros. Se destacan las becas otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ANEP (en sus distintas modalidades educativas), UdelaR y el Fondo de Solidaridad.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Sistema Nacional de Educación Pública cuenta con dos organismos de deliberación y consulta en materia educativa. La Comisión Coordinadora de la Educación Pública (COMINE) constituye un ámbito nacional de deliberación sobre la articulación de las políticas educativas con las políticas públicas. El Congreso Nacional de Educación tiene carácter asesor y consultivo en los temas de la aplicación de la Ley General de Educación. Es convocado por la COMINE en el primer año de cada período de gobierno.

El Sistema Nacional de Educación está integrado por el Ministerio de Educación (MEC) y un conjunto de entes autónomos: la Administración de la Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR), la Universidad Tecnológica (UTEC), y demás entes autónomos de la educación pública estatal, entre ellos el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU). 

El Ministerio de Educación y Cultura coordina y regula el sistema nacional de educación, y confecciona, releva y difunde las estadísticas educativas en el marco del Sistema Estadístico Nacional. No tiene injerencia jerárquica sobre los procesos que definen los aspectos programáticos de los dispositivos educativos públicos. En este sentido, Uruguay se corre del común de los sistemas educativos, donde los ministerios de educación son los encargados directos del diseño y la ejecución de las políticas educativas.

La educación pública se rige por Consejos Directivos Autónomos.

En la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), funcionan el Consejo Nacional de Educación No Formal (CONENFOR), el Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI) y el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (asesor en la autorización para funcionar y en el reconocimiento del nivel académico de las carreras terciarias privadas).

La ANEP elabora, desarrolla e instrumenta políticas educativas; asegura el cumplimiento de los principios generales de la educación; y promueve la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación. Cuenta con un Consejo Directivo Central (CoDiCen), que define las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se encuentran en su órbita, a las que se deberían ajustar los planes y programas que propongan los cuatro consejos de educación: el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y el Consejo de Formación en Educación (CFE).

La UdelaR administra la educación pública universitaria. Es un ente autónomo con personería jurídica que tiene a su cargo la enseñanza pública superior. Tiene, además, los propósitos de acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas; contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.

El INAU es el organismo rector de las políticas sociales para la infancia y la adolescencia. Forma parte del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, junto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), quien lo preside, el Consejo de Educación Inicial y Primara (CEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), los educadores en primera infancia y los centros de educación infantil privados.

La UTEC es un ente autónomo con personería jurídica, que tiene a su cargo actividades de enseñanza pública terciaria y terciaria universitaria en las diversas áreas del conocimiento, junto a la investigación, la innovación y el servicio al medio social.

La descentralización y coordinación territorial entre todas las instituciones vinculadas a la educación es un elemento central para el logro de las metas educativas. Cada departamento de la República cuenta con una comisión coordinadora departamental de la educación, integrada por representantes de cada consejo de educación de la ANEP, del Instituto Universitario de Educación, del Instituto Terciario Superior, del Consejo Nacional de Educación No Formal, del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia y de la Universidad de la República.

Finalmente, el Ministerio de Educación y Cultura y los distintos entes autónomos se organizan internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto del diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Uruguay tiene un sistema educativo unitario, con asignación de recursos centralizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa es la Ley de General de Educación N° 18.437. El país se caracteriza por un esquema de financiamiento desde el lado de la oferta; la autoridad central define los criterios y parámetros que se aplican para distribuir los recursos a las escuelas, y las autoridades locales no tienen intervención ni incidencia en la asignación de los mismos. El país destina el 4,8% de su PIB al financiamiento del sistema nacional de educación y el 14,9% del gasto público total corresponde al gasto educativo (UIS, 2017). En 2019, Uruguay ejecutó 100.678 millones de pesos uruguayos en educación (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).

El documento Panorama del gasto público en educación 2018 señala que la mayor parte del gasto público en educación es ejecutado por la ANEP y la Universidad de la República. Para el año 2018, la ANEP –que provee la educación pública inicial, primaria, media básica y superior, técnica y tecnológica, y la formación docente– concentra el 68,1% del gasto total. En segundo lugar, la UdelaR representa el 16,8% del gasto total en educación pública: es la principal institución proveedora de educación universitaria a nivel nacional (además de la UTEC, a partir de su creación en 2014).

El restante 15,1% del gasto en educación pública corresponde a otro conjunto de servicios e instituciones que dirigen y ejecutan recursos públicos con destino al sector educativo. Entre ellos: el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior (recursos destinados a la educación militar y policial, respectivamente); el INAU (con destino a CENFORES y a los centros CAIF); el Plan Ceibal, recursos asignados a la ciencia y tecnología a través de PEDECIBA, el Instituto Pasteur y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII); y fondos provenientes de programas sociales dirigidos al incentivo a la demanda educativa en secundaria (AFAM), entre otros.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto de Estadísticas (INE) es un organismo público que tiene por objetivo la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas nacionales. El Sistema Estadístico Nacional (SEN) está formado por el INE como órgano rector, las unidades coordinadoras y las restantes oficinas productoras de estadística. Los datos educativos se conforman con información del INE y la proporcionada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tiene un área de División de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación, que confecciona, releva y difunde información estadística educativa.

La ANEP tiene bajo su órbita el Departamento de Investigación y Estadística Educativa, cuya función es organizar y llevar adelante un Sistema de Estadística Educativa, mediante normas generales e indicadores comunes, que consolide y monitoree la información estadística de los consejos desconcentrados y de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.

El INAU cuenta con el Sistema de Información para la Infancia (SIPI), que recoge la información vinculada a toda la población que atiende el instituto. El sistema permite realizar salidas de control, evaluación y monitoreo de la situación de niños, niñas y adolescentes atendidos por la institución.

En Uruguay, el seguimiento, monitoreo y la evaluación de los aprendizajes se centralizna principalmente en dos instituciones. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) constituye una persona jurídica de derecho público no estatal que se vincula con el poder ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Tiene como objetivos: evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas para los niveles inicial, primario y medio; aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad; dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas; favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación; aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos; proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del sistema nacional de educación en los niveles inicial, primario y medio; asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación.

La ANEP tiene bajo su órbita el Departamento de Evaluación de Aprendizajes, que lleva adelante la tarea de evaluar los rendimientos educativos en los diferentes subsistemas de la ANEP. De ella depende el sistema de evaluación de aprendizajes, que aplica pruebas virtuales aprovechando la infraestructura tecnológica del Plan CEIBAL.

En 2013, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP llevó adelante la Evaluación Nacional de Aprendizajes para estudiantes de 3.^er y 6.^o grado en las áreas de lectura, matemática y ciencias medioambientales. En 2017, el INEED implementó la evaluación Aristas en escuelas públicas y privadas en para estudiantes de 3.^er y 6.^o grado en las áreas de lectura y matemática.

En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas internacionales. Entre ellas se destacan: PERCE en 1997; SERCE en 2006; TERCE en 2013; y ERCE en 2019, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. Del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), participó de las evaluaciones de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.

Finalmente, en relación al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Uruguay presentó en junio de 2019 el último Informe Nacional Voluntario de los ODS. Allí da cuenta, para cada uno de los objetivos, los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar su cumplimiento.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo demuestra una tendencia decreciente generalizada, con mayor descenso en áreas rurales.

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó en forma similar en todos los grupos sociales considerados, sin mostrar tendencias específicas.

• La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria aumentó durante los últimos años, con un crecimiento mayor entre mujeres y en todos los niveles de ingresos. La brecha entre personas que finalizaron la educación secundaria es de más del doble para la población que reside en áreas urbanas frente a las rurales y el cuádruple para la de niveles de ingresos superiores frente a la de ingresos inferiores.

• La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela en el último año del nivel inicial muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo analizado, resultando en un nivel prácticamente universalizado.

• Las tasas netas ajustadas de asistencia a la escuela primaria se muestran con niveles altos y estables a lo largo del período, pero con una leve disminución entre mujeres, población urbana y estratos medios y altos.

• Se observa un leve aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria, sobre todo entre quienes viven en áreas rurales y estratos inferiores de ingresos.

• Se evidencia un aumento en los últimos años en la asistencia a la secundaria baja, sobre todo entre varones, quienes residen en áreas rurales y hogares socialmente más desfavorecidos.

• El periodo 2010-2018 experimenta un crecimiento de estudiantes que asistieron a la secundaria alta, aunque la proporción de mujeres que asiste a dicho nivel es mayor. La brecha entre quienes asisten a la secundaria alta se reduce –aunque manteniéndose significativamente alta–, mostrando una diferencia de 37 puntos porcentuales entre los hogares de mayores y menores ingresos. Los grupos que mayor crecimiento han experimentado respecto de este indicador, a lo largo del período, son los varones, los residentes en áreas rurales y los sectores inferiores y medios de ingresos.

• Si bien se observa un aumento entre quienes lograron finalizar el nivel secundario, la proporción es muy baja en comparación a los logros educativos que muestran otros países de la región. Se observa también una disminución de la sobreedad escolar.

• Se observa una tendencia creciente en la proporción de personas que asistieron a la educación superior, con mayor intensidad entre mujeres. La brecha entre quienes asisten a la educación superior y provienen de hogares con mayores ingresos y menores ingresos es de casi el triple.

• Entre la población adulta que logró finalizar la educación superior se observa un leve incremento tanto entre varones como entre mujeres, registrando una brecha muy alta entre hogares de bajos y altos ingresos, y una proporción muy por debajo de la media regional.

• Se observa una tendencia decreciente en la proporción de estudiantes de primaria y secundaria que perciben algún tipo de beca, y estudiantes de primaria que provienen de hogares beneficiarios de transferencias condicionadas.