Declara pública la función de la enseñanza y gratuita su prestación. Determina que corresponde al estado ejercer dicha función a través de los organismos creados al efecto con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Adjudica a favor del Estado cubano todos los centros de enseñanza que a la promulgación de esta Ley sean operados por personas naturales o jurídicas privadas, así como la totalidad de los bienes, derechos y acciones que los integran.