Para 2021, el Día Internacional de la Lengua Materna se ha centrado en la conversación sobre el fomento del multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. En este marco, la UNESCO hizo foco en cambios que involucran la educación intercultural bilingüe en Chile. Entrevistamos a Verónica Figueroa Huencho*, quien se desempeña como profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) *.
La conversación estuvo orientada a conocer la situación de los derechos lingüísticos en el país, los retos para lograr una política educativa que incluya el multilingüismo y el aporte que esta clase de dinámicas pueden lograr para no dejar a nadie atrás.
¿Cuál es la situación en términos de derechos lingüísticos en Chile hoy?
Chile es uno de los países que menos ha avanzado en la región en la generación de adecuaciones para promover el ejercicio de los derechos legítimos de los pueblos indígenas, siendo los derechos lingüísticos uno de ellos. Las últimas encuestas de Caracterización Socioeconómicas CASEN muestran que son las personas adultas y adultas mayores indígenas quiénes más hablan y/o entienden su lengua originaria, mientras que las generaciones más jóvenes la han ido perdiendo.
El 42,3% de la población indígena adulta mayor habla y/o entiende su lengua originaria, mientras que la cifra alcanza a sólo 10,6% en el caso de la población indígena de entre 0 y 17 años. Asimismo, en las zonas rurales se observa una mayor utilización de las lenguas originarias que en la zona urbana, en todos los grupos de edad, sin embargo, se repite el mismo patrón nacional: sólo un 11% de los adolescentes entre 14 y 17 años habla y entiende su lengua.
Si bien el Estado de Chile ha ratificado la Declaración Universal sobre los Derechos Lingüísticos, junto con otros pactos y convenios relevantes, el marco jurídico interno en esta materia sigue siendo muy débil. La Ley 19.253 conocida como “Ley indígena”, vigente en Chile desde 1993, señala que el Estado debe promover el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas, estableciendo en el sistema educativo nacional una unidad programática que “posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente”. Sin embargo, como evidencian las cifras, las políticas y programas generados no han tenido el impacto esperado, corriendo un riesgo importante de que las lenguas indígenas puedan ser transmitidas a las generaciones futuras.
¿Cuáles cree usted que son los mayores retos para lograr una política educativa que incluya el multilingüismo en Chile?
En Chile no existe reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Los valores instalados con fuerza desde el modelo de Estado-nación chileno no sólo han llevado a la marginación de los pueblos indígenas en los espacios de participación y debate político, sino que ha legitimado modelos de ciudadanía que no dan cuenta de la diversidad jurídico, cultural y política que representan estos pueblos en las sociedades actuales, limitando el ejercicio de sus derechos. Las lenguas indígenas, por ejemplo, han sido relegadas a los espacios privados o del hogar, siendo incorporadas en algunos colegios como asignaturas específicas, sin que ello signifique un cuestionamiento a los currículums, a los modelos de enseñanza, o al rol de las y los educadores tradicionales. Romper con los valores del Estado-nación, por lo tanto, es el principal reto para avanzar hacia una sociedad intercultural.
La discusión en torno a la nueva Constitución en Chile se convierte en una oportunidad para posicionar al más alto nivel político el reconocimiento del plurilingüismo que existe en Chile y generar la institucionalidad para que las lenguas indígenas no sólo sean incorporadas al currículo educativo diseñado desde una perspectiva intercultural, sino que también puedan ser utilizadas en los espacios públicos.
Los derechos lingüísticos deben ser entendidos desde una perspectiva sistémica, donde se deben identificar y proponer nuevas formas de gobernanza, de participación y representación política de los pueblos indígenas de manera de repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que darán un real espacio y uso a las lenguas de estos pueblos. El Estado de Chile se debe reconocer como un Estado Plurinacional. De esa manera los derechos lingüísticos deben ser considerados dentro de los derechos de libre determinación y autonomía reconocidos para los pueblos indígenas en diferentes instrumentos internacionales que el Estado de Chile ha ratificado.
¿En qué aporta el fomento del multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad?
Los pueblos indígenas han adquirido un mayor protagonismo en las últimas décadas, presionando a los Estados por cambios a las formas en las que se ejerce el poder. En el caso de Chile, ha sido la sociedad hegemónica la que ha definido las reglas del juego definiendo una ciudadanía estandarizada y sustentada en un imaginario de sujetos iguales, con las mismas aspiraciones y con las mismas demandas. Esto ha incidido en una pérdida no sólo de riqueza cultural al negar la heterogeneidad que aportan los pueblos indígenas, sino también de conocimientos y soluciones a problemas emergentes que pueden ser abordados desde las propuestas de estos pueblos.
La pérdida de las lenguas indígenas afecta a todas las sociedades, no sólo delimitadas por las fronteras artificiales de los Estados, pues contienen respuestas novedosas que no han sido recogidas por los sistemas occidentales de creación, difusión y validación del conocimiento. El plurilingüismo es un requisito de las sociedades complejas, pero para que los pueblos indígenas puedan participar en igualdad de condiciones es necesario reconfigurar también los paradigmas desde los cuales se valoran sus lenguas.
Un Estado plurinacional, plurilingüe, no supone la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien de la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad, pero sobre todo en garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, en este debate constitucional es importante reconocer las desigualdades que han caracterizado la convivencia de las sociedades hegemónicas con los pueblos indígenas y las consecuencias que el despojo territorial, cultural y político han tenido para ellos, como un punto de partida para definir cuáles serán los contenidos de este nuevo acuerdo. Es necesario buscar nuevas formas de hacer política, de gobernar, de decidir con los pueblos indígenas.
* Profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos. Administradora pública de la Universidad de Chile (2001). Ph.D. in Management Sciences (ESADE-Universidad Ramón Lull, 2007). Postdoctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford (2013). Visiting Scholar, David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard (2020). Senadora universitaria en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el período 2018-2022. Investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).