El Salvador

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

El Salvador ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1981, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, más recientemente, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2007. Sin embargo, no ha ratificado los instrumentos de UNESCO en materia de educación (Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tampoco se ha plasmado en un marco normativo. El Salvador fue seleccionado por las Naciones Unidas como uno de los países en los que se ejecuta el programa de implementación acelerada, que implica incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas públicas y apoyar a los países para lograrlos. Institucionalmente, es el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de El Salvador el organismo encargado de su implementación. Está integrado por los ministerios que tienen la principal vinculación con el tema y es presidido por la Secretaría Técnica de la Presidencia, conjuntamente con la Cancillería y con participación del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil y representantes del sector privado.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología publica una serie de materiales y actividades relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se articula el ODS 4 Educación de Calidad con otros ODS, tales como el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, con el objetivo de poner fin a la violencia en la escuela y sus inmediaciones.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución de la República de El Salvador establece los fines de la educación: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.

Recientemente, en las Memorias de Labores 2019-2020 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se señala la intención de transformar profundamente el sistema educativo para brindar servicios de calidad. Para ello, el Plan Cuscatlán considera la innovación educativa, la participación de estudiantes y la formación continua de docentes como ejes para la mejora. Por su parte, el plan estratégico institucional, diseñado por la cartera educativa ministerial, retoma la “pertinencia pedagógica y curricular” para sustentar su prioridad de aprendizajes de calidad y significativos a lo largo del ciclo de vida; asume la “dignificación del magisterio” y prioriza la profesionalización; encuentra en las propuestas de “infraestructura y equipamiento” y de “tecnología e innovación” el fundamento para lograr un impacto positivo en la calidad educativa; se vale de la “gobernanza en el sistema educativo, inclusión y equidad” para dar vida a una escuela que favorezca la prevención; y, finalmente, en el eje de “fortalecimiento de la gestión institucional y territorial” sostiene la prioridad de una institución transformada, innovadora y territorializada.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El último Plan Quinquenal de Desarrollo publicado establecía, en la dimensión Bienestar subjetivo y material de las personas del paradigma del Buen Vivir, el derecho a educación de calidad en condiciones de igualdad. Específicamente, el plan El Salvador Educado. Por el derecho a una educación de calidad 2016-2026 explicita los desafíos en esa materia (seguridad en las escuelas, docencia, primera infancia, escolaridad universal, educación superior e infraestructura) y establece acciones para lograrlos, con el propósito de alcanzar una sociedad más justa, productiva y equitativa.

Más recientemente, en el Plan de Acción Nacional 2018-2020, se insta a la participación ciudadana y se compromete a las instituciones a publicar la mayor cantidad de información para la población. El Plan Cuscatlán plantea como metas: la dignificación del magisterio; la formación y acceso a la tecnología y la innovación educativa; el desarrollo de un currículo holístico y la actualización pedagógica; la ampliación y el mejoramiento de la autonomía y gestión de las instituciones; y la revisión y actualización de la reglamentación del sistema educativo, con miras al fortalecimiento de la gobernanza, organización, el desarrollo y la aplicación curricular.

La Ley General de Educación (Decreto N° 917), sancionada en 1996, establece que el sistema educativo se organiza en torno a dos modalidades: la educación formal y la no formal.

La educación formal es impartida en establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos lectivos, conducentes a grados y títulos, que corresponde a los niveles inicial, parvulario, básico, medio y superior.

La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales. No se estructura en niveles y grados. Es sistemática y responde a necesidades de corto plazo de las personas y la sociedad.

Además, se hace mención a la educación informal, que se adquiere libre y espontáneamente, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, tradiciones, costumbres y otras instancias no estructuradas.

La educación de adultos está destinada a personas que han superado la edad apta para la educación obligatoria. Se ofrece capacitación laboral, educación básica y media para personas adultas en formatos de educación a distancia, semipresencial, nocturna y acelerada, entre otras modalidades. Asimismo, en la ley se señala que la alfabetización tiene un fin supletorio en el proceso de educación y por su interés social; por tanto, deberá vincularse con los planes de desarrollo socioeconómico, y el Estado garantizará la sostenibilidad del proceso y promoverá la gestión de los recursos necesarios con diferentes fuentes.

Además, se ofrece educación especial a personas con necesidades educativas especiales (por limitaciones o por aptitud sobresaliente) en centros regulares, con la atención de especialistas o docentes capacitados. En los casos en que la asistencia a centros educativos regulares no fuera posible, se ofrece educación en instituciones especializadas.

El Ministerio de Educación establece las normas y los mecanismos de coordinación y armonización entre niveles y modalidades, el currículo nacional y el marco normativo que regula la carrera docente. Los centros educativos pueden ser oficiales o privados. Los primeros, además del aporte del Estado vía presupuesto nacional, pueden contar con el aporte voluntario de las familias. Los centros privados ofrecen servicios de educación formal con recursos propios o pueden estar subvencionados (aquellos sin fines de lucro, que cumplan con las estrategias de cobertura y calidad que impulse el Ministerio de Educación).

La Ley de la Carrera Docente. Decreto N° 665 tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la comunidad educativa con los docentes al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las municipales y de las privadas; así como valorar sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica como en su antigüedad. Tiene como finalidad garantizar que la docencia sea ejercida por docentes inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles estabilidad laboral y como medio para lograr una educación de calidad.

a. Educación inicial y parvularia

La Ley General de Educación diferencia dos intervalos en la educación que brinda a niños y niñas entre los 0 y 6 años. La educación inicial (vía familiar comunitaria) comienza con el nacimiento y se extiende hasta los 4 años de edad, enfocándose en el desarrollo socioafectivo, psicomotriz, sensoperceptivo, del lenguaje y del juego, por medio de una adecuada estimulación temprana y centrando sus acciones en la familia y en la comunidad. El rol del Ministerio de Educación es normar y facilitar la ejecución de programas desarrollados por instituciones públicas y privadas.

La educación parvularia (vía institucional) comprende tres años de estudio. Los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral en el educando de 4 a 6 años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. Este trayecto es obligatorio.

Los Fundamentos curriculares de la primera infancia, publicados en 2012, definen los objetivos que buscan ampliar las posibilidades de atención integral y desarrollo del área biopsicomotora, socioafectiva y cognitiva, a partir del desarrollo de actividades lúdicas, en contextos cálidos y garantes de derechos, en los que niñas y niños crezcan y se desarrollen de manera feliz, en el marco de la protección integral. Por su parte, el Plan Nacional de Educación, mediante la política denominada Currículo al servicio de aprendizajes, rediseñó una serie de instrumentos curriculares para este nivel: programa de estudio, guía metodológica para docentes y las libretas de parvularia para 4, 5 y 6 años.

Uno de los últimos documentos publicados, Memoria de Labores 2019-2020, señala que se pretende aumentar la oferta de educación inicial y parvularia; potenciar ambientes seguros para ofrecer oportunidades enriquecedoras de exploración y aprendizaje; homologar un modelo de atención de calidad en intervenciones a la primera infancia; promover la estimulación temprana, y competencias parentales; y potenciar la inclusión educativa para niñas y niños con discapacidad. Para lograrlo, se han diseñado dos proyectos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador (financiado por el Banco Mundial) y Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender (con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo). Además, por primera vez se asignaron docentes para atender a hijos de mujeres privadas de libertad en los centros penales.

b. Educación básica

Está destinada a niños, niñas y adolescentes de 7 a 15 años. Comprende nueve años de escolarización obligatoria, organizada en tres ciclos de tres años cada uno.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología elabora los programas para cada uno de los ciclos, en los cuales se alude al aprendizaje por competencias propuesto en el Currículo al servicio de aprendizajes. Se desarrolla un programa de Educación Acelerada de I y II ciclo para incluir a niños con sobreedad, riesgo social o fuera del sistema educativo.

c. Educación media

Está destinada a adolescentes de 15 a 17 años. Se ofrece en modalidad general y técnico vocacional. Ambas modalidades habilitan la matriculación en el nivel superior. La modalidad general dura dos años y culmina con el título de bachiller. La educación técnico vocacional dura tres años.

d. Educación técnico profesional

En El Salvador, se ofrece educación técnico profesional en el sistema de educación no formal (cursos de capacitación laboral), dentro del sistema de educación formal (educación media técnico vocacional) y en el nivel superior (formación de técnicos y tecnólogos). El sistema nacional de educación técnica profesional del Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de coordinar y orientar el diseño y la implementación de programas, proyectos y planes de estudio para el área técnica de la educación media y tecnológica superior.

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), creado en 1993, por medio de la Ley de Formación Profesional (Decreto legislativo N° 554), ofrece cursos de capacitación laboral y calificación de recursos humanos. No habilita la continuidad educativa dentro del sistema de educación formal.

Por su parte, la educación técnico profesional de nivel superior se rige por la Ley de Educación Superior N^o 468. Los institutos tecnológicos ofrecen tecnicaturas de dos años de duración y carreras de cuatro años de duración orientadas a la formación de tecnólogos del área científica, artística y humanística.

e. Educación superior

La Ley General de Educación (Decreto N° 917) establece que la educación superior se regirá por una ley especial y que tiene por objetivos: formar profesionales competentes, con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales; promover la investigación en todas sus formas; prestar un servicio social a la comunidad; y cooperar en la conservación, difusión y el enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal.

La ley que la rige es la Ley de Educación Superior N^o 468, sancionada en 2004. Regula el funcionamiento de las instituciones de gestión estatal y privada, y establece la autonomía financiera y administrativa de las universidades. La educación superior comprende la educación tecnológica y la universitaria. La educación tecnológica tiene como propósito la formación y capacitación de profesionales y técnicos especializados en la aplicación de conocimientos y destrezas de las distintas áreas científicas o humanísticas. La educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacita científica y humanísticamente y conduce a la obtención de los grados universitarios.

Los institutos tecnológicos y las universidades expiden títulos de nivel superior correspondientes a técnicos, tecnólogos, maestros y profesores, licenciados, especialistas, maestros y doctores.

La Propuesta de Política Nacional de Educación Superior establece ejes que se articulan en función de: mejorar el acceso de la población al nivel educativo superior; generar una formación de calidad; incrementar la competitividad de los graduados; crear las condiciones para un desarrollo profesional académico sistemático; aportar al cumplimiento de los ODS; hacer de la innovación un elemento indispensable en el quehacer del sistema; incidir en la articulación efectiva de las funciones de la educación superior; contribuir en el dinamismo productivo y económico del país y así incrementar el bienestar de la sociedad. Fue elaborada por los actores del Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior: MINED, MINEC, UCA, UDB, UFG, UNICAES, UES, CES, CDA, CCA, INSAFORP, CAPES, representación de estudiantes de educación superior y la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa.

En este nivel se destaca la autorización de carreras nuevas, el seguimiento a la formación inicial docente y un proceso de sensibilización y divulgación de la iniciativa SPOTLIGHT para posicionar el tema de prevención de la violencia de género y la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad en la educación de nivel superior (Memoria de Labores 2019-2020).

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo.

De acuerdo a los últimos datos aportados por el Departamento de Estadísticas Educativas de la Dirección de Planificación, correspondientes al año 2018, la matrícula total es de 1.449.421 estudiantes. Estos se encuentran distribuidos del siguiente modo: 33.626 en educación inicial; 230.038 en parvularia; 965.979 en básica; 193.562 en media; 2220 en básica nocturna de adultos; 21.536 en educación de jóvenes y adultos en modalidades flexibles; y 2460 en especial. De los 176.268 estudiantes reportados por las universidades, el 45.4% fueron varones y el 54,6% mujeres. En la universidad estatal se inscribió el 28,6% y en las veintitrés universidades privadas el 71,4%. Los once institutos especializados reportaron una matrícula de 12.813 estudiantes (Estadística IES, 2018).

Por su parte, la distribución porcentual de docentes registra 1,8% en educación inicial; el 15,5% en parvularia; el 67,9% en básica; y el 14,9% en media. Para el mismo año se informa la existencia de 682 centros educativos de educación inicial; 5303 de parvularia; 5391 centros que brindan educación básica, 5331 I y II ciclo de básica, 3285 III ciclo; y 1064 de educación media.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones. 

El foco currículo y modelos de gestión es uno de los ejes destacados por el Ministerio de Educación en los últimos años. En este sentido se enfatizan los aprendizajes significativos y pertinentes en general y en todos los niveles, y el refuerzo de programas en áreas específicas como matemática, ciencias e inglés. También son destacables los esfuerzos del país en la incorporación curricular de temas que afectan a la sociedad, como la violencia, las pandillas, los temas ambientales y el género, tanto en los niveles obligatorios como en la formación de docentes. 

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se focaliza en acciones ligadas a la incorporación de tecnología y mejora de la conectividad, y en el desarrollo de infraestructura. Se destacan las inversiones en establecimientos para nivel inicial –como parte de las políticas destinadas a la primera infancia–, bibliotecas para el desarrollo de programas de lectura, y mejoramiento y equipamiento de establecimientos de formación técnica. 

Los recursos orientados al foco docentes se centran en la formación continua y la dignificación del magisterio, eje de los planes de educación y desarrollo del país, bajo la consideración de que es uno de los principales recursos para lograr una educación de calidad.

Las acciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se centran en alimentación, salud, uniformes y útiles para los ciclos de educación básica, y un fuerte desarrollo de becas para fortalecer el nivel técnico profesional y de educación superior (tanto de grado como posgrado). Cabe destacar los esfuerzos del país en lograr una educación inclusiva y en el desarrollo de programas de interculturalidad.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Ministerio de Educación establece las normas y los mecanismos de coordinación y armonización entre niveles y modalidades, para garantizar la cobertura, calidad y eficiencia del sistema educativo. Establece el currículo nacional y el marco normativo que regula la carrera docente y la administración de los establecimientos educativos. El currículo nacional se basa en los fines y objetivos de la educación nacional; desarrolla las políticas educativas y culturales del Estado; y se expresa en planes y programas de estudio, metodologías didácticas y recursos de enseñanza –aprendizaje, instrumentos de evaluación y orientación–, el accionar general de los educadores y otros agentes educativos y la administración educativa. La administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrolla con la participación de la comunidad, docentes, estudiantes, y madres y padres de familia, quienes deberán organizarse en consejos directivos escolares.

El ministerio está compuesto por el Viceministerio de Educación (que integran las direcciones de Primera Infancia, Básica, Media y de Educación de Jóvenes y Adultos) y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Además, lo conforman, entre otras, la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Gestión Educativa. Son destacables la Unidad de Género, la Unidad de Transformación Digital, la Unidad Ambiental y el Instituto de Formación Docente.

El Consejo Nacional de Educación es una instancia consultiva de diálogo y concertación en materia de educación, cuya conformación es amplia y plural, ya que tienen participación diversos sectores de la sociedad relacionados con el tema. Fue presentado oficialmente en el año 2015 por la Presidencia de la República, señalando entre sus funciones proporcionar insumos que ayuden a enriquecer las políticas y los planes nacionales de educación.

El Consejo de Educación Superior es el organismo consultivo y propositivo del Ministerio de Educación, orientado a desarrollar la educación superior. Está conformado por representantes del Ministerio de Educación, de universidades públicas y privadas, institutos y asociaciones gremiales de la empresa privada y de profesionales. 

Recientemente se conformó el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, que establecerá lineamientos y dará seguimiento a temas sobre la formación técnica y profesional del país. Este consejo podrá crear planes de estudio que formen y acrediten a las personas jóvenes en competencias técnicas profesionales que se requieren para ser parte de la fuerza laboral en los 14 departamentos, de acuerdo a las necesidades específicas de cada lugar.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

El Salvador posee, en términos de financiamiento educativo, un sistema centralizado. La Ley General de Educación establece que le corresponde al Ministerio de Educación normar, financiar, promover, evaluar, supervisar y controlar los recursos disponibles para alcanzar los fines de la educación nacional. Agrega que la administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrollará con la participación organizada de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, y madres y padres de familia, quienes deberán organizarse en los consejos directivos escolares, que tomarán decisiones colegiadas y serán solidarios en responsabilidades y en las acciones que se desarrollen.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

Recientemente se desarrolló en el país el Sistema Informático para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), el cual tiene por objetivo la simplificación del proceso de recopilación de la información, facilitando el monitoreo del sistema educativo, de manera que la toma de decisiones, planificación, diseño e implementación de proyectos educativos sea más pertinente (Circular Ministerial N° 6, 2019). Cuenta con el financiamiento de FOMILENIO II (programa parcialmente financiado por el gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación Reto del Milenio). El SIGES tendrá información de 6 mil centros educativos a nivel nacional, que incluyen a 1.6 millones de estudiantes y 50 mil docentes.

La Ley General de Educación establece que la evaluación es un proceso integral y permanente, cuya función principal es aportar información sobre las relaciones entre los objetivos propuestos y los alcanzados en el sistema educativo nacional, así como de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, dispone que la evaluación educativa comprenderá: a) la evaluación curricular; b) la evaluación de logros de aprendizaje; c) la evaluación de la gestión institucional. El Ministerio de Educación establecerá una prueba obligatoria orientada a medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes, que permita establecer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de atención curricular.

La Dirección de Evaluación de los Aprendizajes es el organismo responsable de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales. Entre las primeras se destacan la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), la Evaluación de Capacidades Productivas y Ciudadanas (Pruebas Trimestrales) y la Evaluación de Logros de Aprendizaje en Educación Básica (PAESITA) de 2012. Solo la primera fue de carácter obligatorio. La prueba internacional en la que participa El Salvador es la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, la cual tampoco tiene obligatoriedad.

El Sistema de Mejoramiento de la Educación Superior está compuesto por tres subsistemas: la calificación, la evaluación y la acreditación. La Comisión de Acreditación de la Educación Superior es la entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación encargada de ello, con el objetivo de estimular la transparencia y la rendición de cuentas, e incentivar la mejora continua.

Por último, el Tribunal Calificador de la Carrera Docente se encarga de seleccionar y calificar a los candidatos que se postulan a las plazas vacantes de docentes, directores y subdirectores, como también de: realizar el proceso de evaluación a profesionales aspirantes al nivel 1 del escalafón docente; evaluar el desempeño en el cargo de directores y subdirectores de cada ejercicio; y, correspondiente a los resultados de su evaluación, garantizar una educación de calidad, asignando al personal idóneo y capacitado en el área de la docencia del sistema educativo público.

• La tasa de analfabetismo descendió en las últimas décadas, con mayor impacto entre mujeres, en áreas rurales y niveles de ingreso inferiores.

• Si bien los años de escolarización se incrementaron en todos los segmentos, se evidencian brechas persistentes entre áreas urbana/rural y según los niveles de ingresos, donde la población de mayores niveles tiene cuatro años más de escolarización que la de ingresos inferiores. 

• El porcentaje de población adulta que finalizó la secundaria alta manifiesta leves ascensos en las mediciones. Nuevamente la brecha entre área urbana y rural y por niveles de ingresos es muy amplia (27% a favor de aquellos que residen en ciudades y 36% entre nivel inferior y superior).

• La tasa de asistencia escolar en el último año del nivel inicial tuvo un importante ascenso, ajustando la brecha de área urbana/rural y por niveles de ingresos. No obstante, no alcanza aún la universalidad.

• La tasa de asistencia escolar primaria tuvo leves ascensos en todas las variables de segmentación, presentando en la última medición una pequeña diferencia porcentual a favor de las mujeres

• La tasa de finalización de la educación primaria fue ascendiendo en las últimas décadas en todos los segmentos, impactando mayormente en mujeres, áreas rurales y población de ingresos inferiores. Si bien se incrementó en los demás niveles de ingresos, la población de ingreso medio y superior ya superaba el 90% en la medición de 2005.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja ascendió en todas las variables de segmentación en las últimas décadas, con mayor impacto entre mujeres y en áreas rurales. No obstante, se mantiene una brecha de 17 puntos porcentuales entre áreas urbanas y rurales.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo incrementos, pero no alcanza a la mitad de la población. La población de ciudades duplica a la de áreas rurales en este indicador (56,4% vs. 27,8%, respectivamente) y entre nivel superior e inferior se registran más de 20 puntos porcentuales de diferencia. 

• La tasa de asistencia a educación superior mejoró en las últimas décadas, pero muestra grandes desigualdades en el acceso de la población rural (6,1% vs. 27,5% población urbana) y según nivel de ingresos (12,2% ingresos inferiores vs. 43,2 ingresos superiores).

• El porcentaje de finalización de la educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas (9% vs. 1,4%) y población de mayores ingresos (16,9 vs. 3,7 en población de ingresos medios y 1,3 en población de ingresos inferiores). En líneas generales, se mantuvo estable desde 2005 en un escaso 6% de la población.