Honduras

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Honduras ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; el Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), ratificado en 1995; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 2013.

Desde 2015 se han realizado diversas acciones estratégicas orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2018, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-064-2018, se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS), como instancia participativa responsable de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los ODS en el país. En julio de 2020, Honduras presentó el II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Honduras la Constitución reconoce el derecho que tiene la población a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados. Establece, en su artículo 151, que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura. También, que esta deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Mediante la Ley Fundamental de Educación se garantiza el derecho humano a la educación y se establecen los principios, fines y lineamientos generales de la educación nacional. También se contempla la erradicación del analfabetismo como tarea primordial del Estado.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Honduras, el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 Avanzando con paso firme es la herramienta de planificación del actual gobierno, orientada al cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales de la Visión de país (2010-2038), y en diálogo con los lineamientos e indicadores del Plan de Nación (2010-2022). Como parte de la estrategia del sector educativo, se apuesta a: garantizar el acceso y la inclusión educativa a los sectores más rezagados; mejorar la educación de la población; ampliar las tasas de cobertura en los diversos niveles del sistema educativo; y elevar la calidad, especialmente en educación básica. Dentro de los ámbitos de intervención en los que el plan hace foco se encuentran: alfabetización y educación formal alternativa; reinserción a la población que está fuera del sistema educativo; acceso al tercer ciclo de educación básica; subvenciones a la educación; incremento de la cobertura del Programa Presidencial de Becas Honduras 2020; ampliación de la red de centros educativos; mejora de la infraestructura y recursos pedagógicos de los centros escolares de educación básica; reinserción al sistema educativo de niños y niñas desplazados y migrantes; modalidades innovadoras en los centros educativos de educación técnica vocacional; reforma curricular en diversos niveles y modalidades; sistema de evaluación, certificación y promoción de docentes y educadores, no formales; e implementación de evaluaciones de aprendizaje y certificación de competencias, en los diversos niveles del sistema educativo.

A nivel sectorial, el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 es el documento base y marco de planificación estratégico de la política educativa. Se organiza a partir del diagnóstico de los retos y desafíos vigentes, y define un marco de resultados y metas estratégicas, así como el plan de acción con intervenciones prioritarias y procesos de gestión orientados a garantizar el derecho a la educación y revertir las problemáticas identificadas. El centro de los temas a trabajar lo ocupan la inclusión, equidad y calidad del sistema educativo.

La Constitución ordena en su artículo 171 la gratuidad de la educación impartida oficialmente y, además, que la educación básica sea obligatoria y totalmente costeada por el Estado.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto N^o 262/2011) organiza el sistema educativo. Establece que el sistema nacional de educación lo conforman la educación formal, la no formal y la informal.

La educación formal se organiza en una secuencia regular de niveles sujetos a pautas curriculares progresivas: prebásica, básica, media y superior. Tanto la educación formal como la no formal se ofrecen de manera presencial, a distancia o mixta.

Los lineamientos curriculares de la educación prebásica, básica y media, y las distintas modalidades del sistema educativo, se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. La organización y el funcionamiento de la educación superior se rigen por la Ley de Educación Superior (Decreto N^o 142/89).

Los programas y las acciones educativas que contempla la educación no formal están orientados a la formación, la capacitación y la formación artística, la reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de vida. Comprende la educación inicial, la formación técnico profesional, la educación vocacional y la educación para la satisfacción de las necesidades básicas. Se desarrolla en contextos específicos, organizados, flexibles y diversificados. La Comisión Nacional para la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) lleva adelante la atención de los procesos de la educación inicial, alfabetización y la educación para la satisfacción de necesidades básicas.

La educación informal, por otra parte, es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de la familia, los medios de comunicación, diferentes entidades, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Entre las modalidades de educación, se encuentran: la educación para personas con capacidades diferentes o excepcionales; de jóvenes y adultos; para pueblos indígenas y afrohondureños; artística; física y deportes; en casa; y para la prevención y rehabilitación social.

La carrera docente es regulada por la Ley Fundamental de Educación, el Estatuto del Docente Hondureño y los respectivos reglamentos, y se aplica a docentes en servicio en la educación oficial, semioficial y privada. La Constitución señala en su artículo 162 que, por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una función social y humana, que determina para el docente responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a la institución en que labore y a la sociedad. Asimismo, establece que la formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado. El sistema de concurso docente es el medio para aplicar a las plazas docentes y administrativas docentes disponibles en la Secretaría de Educación en cualquier parte del país.

a. Educación inicial y prebásica

Es el nivel educativo que ofrece a niños y niñas una atención integral dentro de un ambiente de calidad que favorece su crecimiento y su desarrollo en los diferentes aspectos de la persona (físico, cognoscitivo, psicoemocional, psicomotriz y de la comunicación), que lo habiliten en la vida. Apoya y prepara la integración del niño y de la niña a la educación básica.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto N^o 262/2011) diferencia dos tramos de educación en este nivel. Corresponde al Estado la atención obligatoria a niños y niñas del último año del II Ciclo de Educación Prebásica (5 a 6 años de edad), a través de jardines infantiles oficiales, centros preescolares de educación no formal (CEPENF) y centros comunitarios de iniciación escolar (CCIE), delegándose la atención infantil de 0 a 5 años a centros alternativos como guarderías, instituciones gubernamentales, ONG, centros privados de educación infantil e iniciativa empresarial, que serán regulados por la Secretaría de Educación.

b. Educación básica

La educación básica es el nivel educativo que se orienta hacia la formación integral de niños y niñas en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en el currículo prescripto para este nivel, los cuales permiten continuar el proceso educativo formal. Es gratuita y obligatoria. Se ofrece en diversas modalidades: regular, alternativa y especial.

La educación básica regular se organiza en nueve grados distribuidos en tres ciclos secuenciales y continuos, con edades de referencia desde los 6 a los 14 años. La educación básica alternativa desarrolla los mismos contenidos curriculares con la misma calidad de la educación básica regular, haciendo énfasis en la preparación para incorporarse al mundo laboral. Es flexible y diversificada. Sus formas de atención y servicios, metodología, estrategias y técnicas son diferenciadas de acuerdo con las características de sus participantes y su contexto geográfico, social, económico y cultural. Se ofrece en instituciones educativas con programas diversos.

La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende, en todas las etapas, los niveles, las modalidades y los programas del sistema nacional de educación, a personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no con la discapacidad, y a quienes presentan talentos excepcionales, con el fin de lograr su integración y su participación en la sociedad (Acuerdo N^o 1358/2014).

c. Educación media

La educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo o proseguir estudios en el nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para la vida personal y social, así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país. El tramo de edad de referencia es desde los 15 a los 17 años. Es gratuita y obligatoria.

Las modalidades y orientaciones de este nivel están sustentadas en criterios pedagógicos, técnicos y científicos. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emite los acuerdos específicos de creación de las modalidades y especialidades, considerando las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas propias de cada región del país.

La educación media tiene dos orientaciones: bachillerato en ciencias y humanidades (dos años de duración, orientado a los estudios superiores), bachillerato técnico profesional (entre dos y tres años de duración, enfatiza en formación para el trabajo). Corresponde al nivel de secundaria superior (CINE 3) de la clasificación UNESCO.

d. Educación técnico profesional

En Honduras, la educación técnico profesional constituye una orientación de la educación media, pero también se ofrece también en modalidad no formal y en el nivel superior, tanto en universidades como en institutos privados. Se brinda educación técnico profesional en establecimientos de gestión estatal y privada.

Las ramas de la orientación técnica en la educación media son: producción y desarrollo agropecuario (con bachilleratos en horticultura, caficultura, ciencias y técnicas acuícolas y bachillerato agrícola); industrial (bachilleratos en electricidad, electrónica, mecánica automotriz, máquinas y herramientas, refrigeración y aire acondicionado, maderas, estructuras metálicas, industria del vestido, forestal y control de calidad); banca y finanzas (perito mercantil, bachilleratos en mercadotecnia, cooperativismo, computación, administración de empresas, promoción social, comercio, hotelería y turismo); ambiental (bachilleratos en ecología y medio ambiente, salud y nutrición); enfermería; asistente ejecutivo bilingüe; artes gráficas; artística y gestión cultural. La mayoría tiene una carga de 36 horas semanales. Hay ocho bachilleratos técnicos que se ofrecen en jornada extendida.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) es la institución rectora de las políticas de formación profesional.

e. Educación superior

Las personas graduadas del nivel medio se encuentran habilitadas a cursar estudios de nivel superior. En el artículo 160 de la Constitución de la República se establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y técnico profesional. La educación superior está regulada por la Dirección de Educación Superior (DES), creada en 1989.

La educación formal de nivel superior se estructura en torno a grados académicos, incluye estudios técnicos y de especialización. La educación no formal comprende cursos libres, conferencias, seminarios y otras formas que contribuyan a la investigación científica, humanística y tecnológica.

El nivel de educación superior deberá desarrollarse a través de escuelas, institutos, academias, universidades y otros centros especializados. Los centros de educación superior podrán ser públicos o estatales, privados o particulares. En el Decreto N° 577/1978, Ley de Universidades Particulares, se establece que estas pueden contribuir con el Estado, ampliando y diversificando la enseñanza superior y la educación profesional, siempre atendiendo con prioridad áreas de estudio no cubiertas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La UNAH expide títulos intermedios de nivel terciario, licenciaturas de nivel universitario, y maestrías y doctorados de nivel posgrado. Asimismo, reconoce los títulos intermedios, universitarios y de posgrado que expiden otros centros de gestión estatal y de gestión privada de nivel superior.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos analizados en el Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) 2018-2030, la matrícula preescolar, en las edades de 3 a 5 años, ha tenido un elevado crecimiento desde 2011, registrando alrededor de 213 mil niños y niñas matriculados en 2017. Se indica que entre 2011 y 2017 esta matrícula creció cerca de 59 mil niños y niñas.

Sobre la educación básica, el plan señala que las tasas netas de matrícula del grupo de edad de 6 a 14 años crecieron en el período 2011-2017, llegando al 89.5%. Mientras que, para la educación media, la tasa neta de matrícula es de 28.1% para 2017, con un ligero aumento en el periodo 2011-2017, que favoreció a las mujeres. Se indica que la tasa bruta de matrícula de la educación media es cercana al 50% desde 2011.

En relación a la educación y formación técnico profesional y vocacional, el INFOP registró un total de 2.665.194 matrículas y 2.445,779 aprobaciones obtenidas en la oferta de 139.272 cursos iniciados y 136.356 finalizados, entre los años 2005 y 2017. Se muestra un aumento en el número de personas atendidas por el INFOP en acciones de formación profesional, alcanzando un importante crecimiento en la matrícula y aprobaciones. En el mismo lapso, la matrícula en educación superior pasó de 135.832 a 203.951. Aunque las universidades públicas absorben el 61% de la matrícula, el mayor crecimiento ha correspondido a las instituciones privadas, que pasaron de 30.139 a 79.042 estudiantes, mientras que en las universidades públicas el aumento fue de 19 mil estudiantes.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos:

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

La búsqueda de un progreso en la calidad y el acceso a la educación son los pilares de la política educativa en Honduras. Con el apoyo de la cooperación internacional, la Secretaría de Educación lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones y fortalecer la oferta del sistema educativo, la capacidad institucional, el diseño curricular y los entornos físicos de aprendizaje.

Los avances hacia la descentralización y democratización de la educación se llevan adelante a través de las Redes Educativas. Implementadas en el ámbito rural, proponen un nuevo modelo de gestión y organización de las escuelas rurales. Su modelo de gestión institucional se da a través de la organización de un conglomerado de centros educativos, que se articulan para formar un solo centro al servicio de comunidades convergentes geográficamente. Este proceso busca fomentar la autonomía de las comunidades educativas, fortaleciendo su participación a nivel de gestión institucional, pedagógico, administrativo y financiero.

Dentro del conjunto de intervenciones se encuentra que el foco currículo y modelos de gestión se centra en mejorar los procesos de aprendizaje y elevar los indicadores educativos a nivel nacional. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, se lleva adelante la implementación del Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Asimismo, se busca la adecuación curricular a los requerimientos específicos de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, o niños, niñas y adolescentes migrantes o en condición de vulnerabilidad. Una experiencia innovadora a nivel de currículo es el Centro Regional de Educación Ambiental (CREA), primer centro piloto del país en materia de educación ambiental.

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se centra en acciones de planificación, diseño y construcción de centros educativos que satisfagan los requerimientos pedagógicos modernos para el mejoramiento y la modernización de la calidad educativa. Estas acciones se llevan adelante en el marco del Plan Maestro de Infraestructura 2012. Otro tipo de intervenciones trabajan la modernización de la infraestructura educativa con proyectos como los Huertos Escolares, que funcionan como espacios pedagógicos y productivos en el marco de procesos de fortalecimiento a la seguridad alimentaria.

Las acciones orientadas al foco docentes se centran en impulsar el desarrollo profesional de los docentes como un mecanismo para fortalecer la calidad de frente a los desafíos educativos del país. A través de la iniciativa Adaptación y Escalamiento de Enfoques de Desarrollo Profesional Docente en Honduras (2020-2022), se busca contextualizar, adaptar y probar modelos de formación docente a escala. Aprovechando las oportunidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se busca garantizar principios de equidad e inclusión en el acceso y la calidad de los procesos formativos. 

Las intervenciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que lleva adelante la Secretaría de Educación, buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Ejemplo de ello son los servicios ofrecidos a través de los programas Bono de Transporte Estudiantil, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Programa Presidencial Becas Honduras 2020 y el Sistema de Becas Presidenciales. Estas acciones son complementadas por intervenciones intersectoriales lideradas desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con programas como el Bono Vida Mejor, orientado a asegurar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

En Honduras, la Constitución Política ordena que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el superior, sea autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Educación Pública, la cual administra los centros de dicho sistema que son totalmente financiados con fondos públicos. Asimismo, establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la institución encargada de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Ambas instituciones adoptarán las medidas necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los estudiantes respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior (arts. 157, 159 y 160).

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, la gestión del sistema nacional de educación es descentralizada, simplificada, eficiente, participativa, flexible y libre de injerencias políticas y gremiales. La comunidad participa en el proceso educativo a través de los diferentes consejos de desarrollo educativo y los gobiernos estudiantiles.

El Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación (Acuerdo N° 1358/2014) señala que para promover y garantizar la universalización, calidad, inclusión y equidad, el Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ejercerá las funciones de planificación, regulación y articulación de procesos, administración de recursos, evaluación y supervisión, comunicación, transparencia y financiación de la educación. También existen instituciones no gubernamentales que están sujetas a la supervisión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y pueden ser comunitarias, cooperativas o empresariales. En el artículo 51 de la Ley Fundamental de Educación se señala que los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción en áreas rurales están obligados a establecer o sostener escuelas de educación básica para los hijos de los trabajadores permanentes (cuando estos excedan los 20 o 30, de acuerdo con la zona) o a brindar otras modalidades.

El Consejo de Educación Superior es definido por ley como el órgano de dirección y decisión del sistema del nivel superior, encargado de: dictar las políticas de la educación superior; aprobar la creación y el funcionamiento de centros de educación superior públicos o privados; aprobar la apertura, el funcionamiento, la fusión o supresión de carreras, escuelas, facultades, institutos y centros de investigación científica, así como los planes curriculares y los programas especiales de nivel superior de las universidades particulares o privadas y de los centros estatales de educación superior, regidos mediante la ley; entre otras funciones.

La estructura de administración del sistema funciona en distintos niveles. La ley crea el Consejo Nacional de Educación, cuya función es elaborar y dar seguimiento a la política educativa nacional, así como articular horizontal y verticalmente el sistema nacional de educación. En el nivel descentralizado, se encuentran: las direcciones departamentales, que tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros dentro de su jurisdicción; las Direcciones distritales y municipales, que son unidades técnicas de asesoría pedagógica, orientadas a facilitar el cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad en los centros educativos, bajo la autoridad de la dirección departamental; y los centros educativos, que constituyen la base del sistema nacional de educación, con la participación del personal directivo, docente, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en su área de influencia.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Honduras introduce un mecanismo distintivo en la asignación de fondos hacia su sistema educativo desde el nivel central, a través de la Secretaría de Educación. Mediante el Reglamento del Financiamiento de la Educación Pública, se establece que la gestión financiera del presupuesto se realiza en base a la planificación estratégica orientada a resultados, con el fin de utilizar racionalmente los recursos disponibles y asegurar la ejecución de las asignaciones presupuestarias programadas. De esta forma, la Secretaría de Educación debe elaborar su presupuesto en base a las necesidades manifestadas por los centros educativos y con un enfoque a resultados que permita el mejoramiento de los indicadores de educación.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto N° 262), en su art. 32, establece que la secretaría debe desarrollar de manera desconcentrada un sistema nacional de información educativa, cuantitativa y cualitativa, generada desde los centros educativos y con procesamiento en los niveles municipal o distrital, departamental y nacional, para el seguimiento y la evaluación de la política, los objetivos y resultados de la educación nacional.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Honduras. Este órgano técnico y autónomo se encarga de la producción, recopilación y difusión de la información estadística del país. Desde este sitio es posible acceder al Censo Nacional de Población y Vivienda, a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), al Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer, a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), y a la Encuesta Permanente de Hogares.

La Secretaría de Educación cuenta con una serie de sistemas estadísticos que reportan información del sistema educativo en diferentes ámbitos. El Sistema de Estadística Educativa pública información relacionada con matrícula y egreso, centros educativos y beneficiarios de programas (datos disponibles a 2013). El Sistema de Alerta Temprana es una plataforma en la cual se desarrollan interfaces de información personalizada por cada centro educativo, mostrando datos relevantes y en tiempo real, estadísticas relacionadas con la matrícula, repitencia, deserción, geolocalización y reportes. El Sistema de Indicadores Educativos de Honduras (SIEH) reporta información de acceso y cobertura, eficiencia, competitividad y participación.

Honduras ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre ellas se encuentran las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. El país participó en las evaluaciones PERCE en 1997, TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Asimismo, adhirió a la prueba PISA-D en 2018.