Brasil

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Brasil ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, ratificada en 1968, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 2016. El Decreto N° 49.980/19, modificado por el Decreto Nº 10.591/20, designa a la Secretaría Especial de Articulación Social la tarea de asistir al Ministro de Estado en asuntos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Brasil, el artículo 205 de la Constitución Nacional señala que se promoverá la educación, derecho de todas las personas y deber del Estado y de la familia, fomentado con la colaboración de la sociedad, buscando el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Brasil, el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014 -2024 fue instituido por la Ley N^o 13.005 de 2014 y determina para el primer año de vigencia la elaboración o adecuación de los planes de educación estaduales, municipales y del Distrito Federal, en consonancia con el texto nacional. La construcción participativa del PNE generó diez lineamientos que, desde 2014, han orientado la política educativa en el marco de los 20 objetivos que estructuran el plan proyectado a diez años. Estos objetivos han buscado principalmente: universalizar la educación primaria; incrementar la tasa neta de matrícula en secundaria; universalizar, para la población de 4 a 17 años de edad con discapacidad y altas competencias o superdotación, el acceso a la educación básica y la asistencia educativa especializada; implementar y ampliar la educación a tiempo completo; promover la calidad de la educación básica; incrementar la escolaridad promedio de la población de 18 a 29 años; aumentar la tasa de alfabetización de la población de 15 años y más; y ofrecer matrícula para la educación de personas jóvenes y adultas en primaria, secundaria y educación profesional. En cuanto a la educación técnica, la formación docente y la educación superior, estos objetivos buscan incidir tanto en la matrícula de secundaria técnica y profesional, como en la de educación superior. De igual forma, sitúan la mejora en la calidad de la educación y la implementación de la Política Nacional de Formación de Profesores en el centro de la política. Finalmente, el PNE ha proyectado la ampliación de la inversión pública en educación para alcanzar, al menos, un nivel del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el quinto año de vigencia de la ley, y por lo menos el equivalente al 10% del PIB al final de la década.

La Ley N° 9394 de Directrices y Bases de la Educación Nacional, sancionada en 1996 y modificada en 2018, determina que el sistema federal de educación está conformado por la educación básica y la educación superior. La educación básica comprende la educación infantil, la enseñanza fundamental y la enseñanza media. Es obligatoria y gratuita entre los 4 y los 17 años.

Se ofrece educación en diversas modalidades: educación de jóvenes y adultos, educación especial con perspectiva inclusiva, educación profesional y tecnológica, educación básica del campo, educación escolar indígena, educación escolar quilombola, educación para las relaciones étnico-raciales, educación medioambiental, educación en derechos humanos y educación a distancia (Directrices Curriculares Nacionales de la Educación Básica). Los planes de estudio de la educación infantil, primaria y secundaria tendrán una base nacional común, para ser complementados, en cada sistema educativo y establecimiento escolar, por contenido diversificado, según las características regionales y locales de la sociedad, la cultura, la economía y el estudiantado.

La educación de jóvenes y adultos está dirigida a aquellas personas que no han tenido acceso o posibilidad de continuar los estudios. Será un instrumento para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

La educación especial se ofrece preferentemente en el sistema escolar regular, para estudiantes con discapacidades, trastornos generalizados del desarrollo y altas competencias o superdotación.

La educación escolar quilombola es una modalidad de educación básica destinada a personas afrodescendientes remanecientes de quilombos (espacios de resistencia negra generados en el período colonial). La Resolución CNE 08/2012 define los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Escolar Quilombola en Educación Básica, los cuales establecen la obligación de brindar a dicha población su propia pedagogía, respetando la especificidad étnico-racial y cultural de cada comunidad. Debe ser impartida en establecimientos educativos rurales y urbanos, ubicados en comunidades reconocidas por los organismos públicos responsables como quilombolas, así como en aquellas escuelas que reciben estudiantes quilombolas fuera de sus comunidades de origen.

Las instituciones educativas se clasifican administrativamente como públicas y privadas. Las instituciones privadas son de carácter particular, comunitario, cooperativo y filantrópico.

El título VI de la Ley N° 9394 de Directrices y Bases de la Educación Nacional se dedica a los profesionales de la educación, señalando los requisitos para trabajar en los diferentes niveles y disposiciones referidas a la promoción de la formación inicial y continua de los docentes.

a. Educación infantil

La educación infantil es la primera etapa de la educación básica. Su propósito es contribuir al desarrollo integral del niño y de la niña, en sus aspectos físicos, psicológicos, intelectuales y sociales, complementando la acción de la familia y la comunidad. La Enmienda constitucional N^o 59, incorporada en 2009, establece la obligatoriedad de la educación infantil desde los 4 años. Se diferencian dos tramos de educación infantil: guarderías, desde los 45 días hasta los 3 años, y preescolar, para niños y niñas de 4 y 5 años.

Las Directrices Curriculares Nacionales de la Educación Básica establecen una base nacional común, responsable de orientar la organización, la articulación, el desarrollo y la evaluación de las propuestas pedagógicas de todas las redes de educación brasileñas.

b. Enseñanza fundamental

La enseñanza fundamental es la segunda etapa de la educación básica. Es obligatoria. La edad de referencia abarca desde los 6 a los 14 años. Se divide en dos ciclos, el primero de cinco años y el segundo de cuatro.

Su propósito es contribuir al desarrollo de la capacidad de aprendizaje y comprensión del ambiente natural y social, del sistema político, de la tecnología, de las artes y de los valores en que se fundamenta la sociedad; y al fortalecimiento de los vínculos de familia, los lazos de solidaridad humana y la tolerancia recíproca.

c. Enseñanza media

La enseñanza media es la tercera y última etapa de la educación básica. Es obligatoria y gratuita. Consiste en un mínimo de tres años de escolarización. La edad de referencia abarca desde los 15 hasta los 17 años.

Su propósito es contribuir a la consolidación y a la profundización de los conocimientos adquiridos en la enseñanza fundamental, posibilitando la continuación de estudios y la participación en el trabajo.

La enseñanza media está compuesta por una base común curricular definida a nivel nacional y por itinerarios formativos, los cuales serán implementados según su relevancia para el contexto local. Los itinerarios formativos son: lenguajes y tecnologías, matemáticas y sus tecnologías, ciencias y tecnologías de la vida, ciencias humanas y sociales aplicadas, y formación técnica y profesional.

d. Educación profesional y tecnológica

La educación profesional y tecnológica se ofrece en la enseñanza media y en la educación superior. Se integra a los diferentes niveles y modalidades de educación, al trabajo, a la ciencia y la tecnología. Tiene por finalidad preparar para el ejercicio de las profesiones, contribuyendo a que el ciudadano pueda insertarse y actuar en el mundo del trabajo y en la vida en sociedad.

La Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica (SETEC) del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo definen en conjunto la política de educación técnico profesional, la cual se implementa en escuelas agrotécnicas, centros federales de educación tecnológica (CEFET) y establecimientos del denominado Sistema S, un grupo de instituciones financiadas en parte por empresas del sector privado: SENAC (Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial), SESC (Servicio Social de Comercio), SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial), SESI (Servicio Social de la Industria), SEST (Servicio Social de Transporte), SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y SESCOOP (Servicio Nacional de Aprendizaje del Cooperativismo).

Los cursos de educación profesional y tecnológica pueden ser organizados por ejes tecnológicos, lo que permite la construcción de diferentes rutas de formación, con sujeción a las reglas del sistema y el nivel de educación correspondiente. La educación profesional se desarrolla en articulación con la enseñanza regular o por diferentes estrategias de educación continua, en instituciones especializadas o en el ambiente de trabajo.

La Ley N^o 11.892 de 2008 crea la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica, y los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología. Las instituciones que la componen poseen autonomía administrativa, patrimonial, financiera, didáctico-pedagógica y disciplinar.

e. Educación superior

La educación superior está orientada a la población que completó la enseñanza media o equivalente. Las instituciones de la educación superior expiden títulos intermedios (tecnicaturas), de grado (licenciaturas) y de posgrado (especializaciones, perfeccionamientos, maestrías y doctorados).

La Secretaría de Educación Superior (SESU) es la unidad del Ministerio de Educación responsable de planificar, orientar, coordinar y supervisar el proceso de formulación e implementación de la Política Nacional de Educación Superior. Entre sus funciones se encuentra el mantenimiento, la supervisión y el desarrollo de las instituciones públicas federales de enseñanza superior y la supervisión de las instituciones privadas de nivel superior. En conjunto con el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE), es responsable de la política de oferta y financiamiento y apoyo a los estudiantes de educación superior. También establece políticas e implementa programas dirigidos a residencias de salud y programas de cooperación internacional, con el fin de incrementar el intercambio de personas y conocimientos, y aumentar la visibilidad internacional de la educación superior en Brasil.

En el ejercicio de su autonomía, las universidades pueden crear, organizar y extinguir, en su sede, cursos y programas de educación superior, obedeciendo a las normas generales de la Unión y, cuando sea el caso, del respectivo sistema de enseñanza. Asimismo, corresponde a la Unión asegurar, anualmente, en su presupuesto general, recursos suficientes para el mantenimiento y desarrollo de las instituciones de educación superior por ella financiadas.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo.

De acuerdo a los datos del Censo de Educación Básica 2019, se registraron 47,9 millones de matrículas en las 180,6 mil escuelas de educación básica en Brasil. La matrícula en educación infantil creció un 12,6% de 2015 a 2019, alcanzando aproximadamente 9 millones en 2019. En la enseñanza fundamental se registraron 26,9 millones de matriculados y 7,5 millones en enseñanza media. Por su parte, la matrícula en la educación de jóvenes y adultos disminuyó 7,7%, llegando a 3,3 millones en 2019. En educación especial había 1,3 millones de matrículas en 2019.

En el mismo año, se registraron 2,2 millones de docentes, de los cuales el 63% trabajaba en enseñanza fundamental. En la educación infantil trabajan 599,5 mil docentes; 1,4 millones en educación fundamental; 507,9 mil en enseñanza media.

En 2019, Brasil contaba con 180.610 escuelas de educación básica, de las cuales el 60% eran municipales.

En educación superior, Brasil tiene hoy cerca de 8,5 millones de estudiantes, de los cuales 6,4 millones se encuentran en instituciones privadas; 1,3 millones, en instituciones federales y los demás, en universidades públicas de los estados.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

Según lo que establecen la Constitución y la Ley de Educación Nacional (art. 8), la Unión, los estados, el distrito federal y los municipios organizan en conjunto los distintos sistemas educativos. El sistema educativo federal está conformado por instituciones educativas financiadas por la Unión e instituciones educativas de educación superior privadas. Los sistemas educativos de los estados y del distrito federal comprenden a las instituciones financiadas por los estados y el distrito federal, instituciones de educación superior financiadas por el gobierno municipal, instituciones del nivel primario y secundario privadas, y agencias de educación estaduales y del distrito federal. Forman parte del distrito federal las instituciones infantiles del sector privado. El sistema educativo municipal abarca a las instituciones de educación primaria, secundaria y primera infancia financiadas por el gobierno municipal, instituciones de la primera infancia del sector privado y las instituciones educativas municipales.

La Unión es la encargada de coordinar la política educativa nacional, articulando los diferentes niveles y sistemas, ejerciendo un rol normativo, redistributivo y complementario en relación con otras instancias educativas. Entre sus principales funciones se encuentran brindar asistencia técnica y financiera a los estados, el distrito federal y los municipios para el desarrollo de sus sistemas educativos y la asistencia prioritaria a la educación obligatoria; recopilar, analizar y difundir información sobre educación; asegurar un proceso nacional de evaluación del desempeño escolar en la educación primaria, secundaria y superior, en colaboración con los sistemas educativos; autorizar, reconocer, acreditar, supervisar y evaluar los cursos de las instituciones de educación superior y establecimientos de su sistema educativo. 

Los estados organizan, sostienen y desarrollan los organismos e instituciones oficiales de sus sistemas educativos. También definen junto con los municipios formas de colaboración en la provisión de educación básica, que deben asegurar la distribución proporcional de responsabilidades, de acuerdo con la población a ser atendida y los recursos financieros disponibles en cada una de estas esferas del poder público. Asimismo, elaboran y ejecutan políticas y planes educativos, de acuerdo con los lineamientos y planes nacionales de educación, integrando y coordinando sus acciones y las de sus municipios. Autorizan, reconocen, acreditan, supervisan y evalúan los cursos de las instituciones de educación superior y establecimientos de su sistema educativo. Fundamentalmente, garantizan la oferta de educación primaria y ofrecen, con carácter prioritario, la educación secundaria a todas las personas que la demanden.

Los municipios son responsables de organizar, mantener y desarrollar los órganos e instituciones oficiales de sus sistemas educativos, integrándolos con las políticas y planes educativos de la Unión y de los estados; así como de autorizar, acreditar y fiscalizar los establecimientos de su sistema educativo. Fundamentalmente ofrecen educación infantil en guarderías y centros preescolares, y, con prioridad, educación primaria. Están habilitados a trabajar en otros niveles de educación solo cuando las necesidades de su área de competencia estén plenamente satisfechas y con recursos por encima de los porcentajes establecidos para el mantenimiento y desarrollo de la educación. Los municipios también pueden optar por integrarse al sistema educativo estadual o componer con él un único sistema de educación básica.

El Ministerio de Educación es un órgano de la administración federal y tiene bajo su competencia la política educativa nacional. Entre sus funciones, se encuentran la educación en sus distintas modalidades y niveles; la evaluación; la información e investigación educativa; la investigación y extensión universitaria; y la enseñanza y asistencia financiera a familias necesitadas para la educación de sus hijos o dependientes.

El Consejo Nacional de Educación es responsable de formular y evaluar la política educativa nacional, velando por la calidad de la enseñanza, de garantizar el cumplimiento de la legislación educativa y de asegurar la participación de la sociedad en la mejora de la educación brasileña.

Finalmente, el Ministerio de Educación se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas con respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Brasil se caracteriza por ser un país federal con un sistema descentralizado de asignación de recursos del sistema educativo. La Constitución Federal de 1988 establece dentro de sus postulados que el gobierno federal debe invertir al menos el 18% de sus ingresos fiscales en educación, menos las transferencias obligatorias que realiza a los estados, al distrito federal y a los municipios. No obstante, la aprobación de la Enmienda Constitucional n° 95 de 2016 establece un nuevo régimen fiscal, que congeló los gastos primarios del gobierno federal por 20 años, alterando indirectamente la asignación educativa, entre otras. Por su parte, los estados deben invertir en educación al menos el 25% de sus propios ingresos fiscales, más las transferencias que reciben del gobierno federal y cancelar las que transfieren a los municipios, y los municipios deben aplicar al menos el 25% de sus propios ingresos fiscales, más las transferencias que reciben del gobierno federal y del gobierno estadual respectivo.

El Fondo Nacional para el Desarrollo Educativo (FNDE) es el organismo federal encargado de implementar las políticas educativas en Ministerio de Educación. El FNDE contribuye a 26 estados, 5565 municipios y el distrito federal. Las transferencias de dinero se dividen en constitucionales, automáticas y voluntarias a través de convenios. El Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de Profesionales de la Educación (FUNDEB) es un fondo especial, de carácter contable. Hasta 2020 fue de ámbito estadual, pero a partir de 2021 entra en vigencia el nuevo FUNDEB, a través de la Enmienda Constitucional nº 108/2020, que, entre otras disposiciones, establece que el modelo de asignación de recursos pasa a ser híbrido: por estados y municipios, a los fines de brindarle un carácter más justo y equitativo. Está constituido casi en su totalidad por recursos provenientes de impuestos y transferencias de los estados, el distrito federal y los municipios, vinculados a la educación en los términos del art. 212 de la Constitución Federal. Además de estos recursos, el FUNDEB también comprende una porción de los recursos federales, siempre que, dentro del ámbito de cada estado, su valor por estudiante no alcance el mínimo definido a nivel nacional. Independientemente de la fuente, todo el recurso generado se redistribuye para su aplicación exclusiva en la educación básica.

El mecanismo de asignación de recursos es a partir de la matrícula ponderada por el nivel educativo y modalidad. Se fija un gasto mínimo por estudiante nacional que debe ser alcanzado en todo el país. En caso contrario, el gobierno federal complementa con sus propios recursos hasta llegar al gasto mínimo.

Forman parte de la gestión y redistribución de los recursos: el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP por sus siglas en portugués), que realiza el censo escolar y provee los datos estadísticos; el FNDE, que brinda soporte técnico sobre el fondo a estados, distrito federal, municipios, concejos y órganos de control, y monitorea la aplicación de recursos; el Ministerio de Economía, que pone a disposición los fondos recaudados para su distribución y asegura en el presupuesto los recursos federales que ingresen al fondo. El Banco de Brasil y la Caja Económica Federal son esenciales para la distribución de los fondos y el mantenimiento de las cuentas.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El IBGE (Instituto de Estadística y Geografía) es un organismo dependiente del Ministerio de Economía que coordina, produce y divulga información estadística y geocientífica. En lo referente a educación, a través del Censo Nacional, la Encuesta Nacional de Muestra de. Hogares Contínua (PNAD Contínua) y la Encuesta Nacional de Salud Escolar (PENSE), concentra información acerca de la alfabetización, asistencia por nivel educativo y oferta escolar, entre otros aspectos.

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP) es un organismo federal vinculado al Ministerio de Educación, responsable de la producción estadística e indicadores, la implementación de evaluaciones y la gestión de la investigación educativa.

INEP es responsable de los sistemas de evaluación de educación básica y superior. Entre las evaluaciones del nivel básico se destacan: el Censo Educativo; el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM); el Examen Nacional para Certificación de Competencias de Jóvenes y Adultos (ENCCEJA); el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (SAEB); la Prova Brasil (Prueba Brasil); la Provinha Brasil (Pruebita Brasil); la Evaluación Nacional de la Alfabetización (ANA); y el Examen de Certificación de Competencia en Lengua Portuguesa de Brasil (CELPE-BRAS). En lo referente a la educación superior, se destacan: el Censo de la Educación Superior; el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES), que incluye el Examen Nacional de Evaluación del Desempeño de Estudiantes (ENADE) y la Evaluación Externa de Instituciones de Educación Superior y Carreras de Grado; y el Examen Nacional de Revalidación de Diplomas de Medicina (REVALIDA).

INEP también es responsable de la coordinación e implementación de los sistemas de evaluación internacionales. En la última década, ha participado del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en 2012, 2015 y 2018, con los objetivos de obtener un diagnóstico instantáneo del nivel de desempeño de niños, niñas y jóvenes en la administración única de la evaluación, monitorear su nivel de desempeño en la administración recurrente de la evaluación y planificar reformas de política educativa. Los estudiantes son mayores de 15 años y las áreas de conocimiento evaluadas son lectura, matemática y ciencias medioambientales. En simultáneo, el país ha participado en las pruebas internacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE): PERCE 1997, SERCE 2006, TERCE 2013 y ERCE 2019, aplicada a niños, niñas y adolescentes de tercer y sexto grado de primaria.

Finalmente, en relación al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Brasil presentó en 2017 el Informe Nacional Voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí da cuenta, para cada uno de los objetivos, de los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar su cumplimiento.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo muestra una tendencia decreciente, siendo mayor entre aquellas provenientes de hogares con bajos ingresos y en las que residen en áreas rurales.

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres, en todos los niveles de ingresos y lugar de residencia. Sin embargo, quienes residen en áreas rurales y provienen de hogares más desventajados concentran menor cantidad de años de escolarización.

• La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria se duplicó con respecto a 2001, con un crecimiento mayor en personas que residen en áreas rurales y hogares con ingresos medios y bajos.

• La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela en el último año del nivel inicial muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo analizado, registrando un aumento de 29,5 puntos porcentuales con respecto al año 2001 y mostrando una distribución similar por sexo, área geográfica y nivel de ingresos.

• La cantidad de varones y mujeres que asistieron al nivel primario muestra una tendencia creciente en el periodo analizado. No se registran prácticamente diferencias de género ni de lugar de residencia. Los niños y niñas en hogares con nivel de ingreso superior son los que levemente presentan una tasa mayor de asistencia escolar primaria.

• Se observa un aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria, siendo levemente mayor la cantidad de estudiantes mujeres, aquellos y aquellas que residen en áreas urbanas y provenientes de hogares con mayores ingresos.

• Se evidencia una tendencia creciente en la asistencia a la secundaria baja, sobre todo en la población rural y en los niveles de ingresos bajos y medios.

• El periodo 2001-2018 experimenta un crecimiento de los estudiantes que asistieron a la secundaria alta. Si bien dicho incremento ha sido más intenso entre los varones, la proporción de mujeres que asiste a dicho nivel es mayor. La brecha entre quienes asisten a la secundaria alta se reduce, aunque manteniéndose significativamente alta, mostrando una diferencia de 22 puntos porcentuales entre los hogares de mayores y menores ingresos.

• Se observa un aumento de quienes lograron finalizar el nivel secundario y una disminución de la sobreedad escolar.

• Durante el periodo 2001-2018 se duplicó la proporción de personas que asistieron a la educación superior. Las mujeres asisten en mayor proporción. La matrícula se concentra principalmente en personas que residen en áreas urbanas y provenientes de hogares de mayores niveles de ingresos.

• Entre la población adulta que logró finalizar la educación terciaria y universitaria se observa un incremento tanto entre varones como entre mujeres, mayoritariamente las últimas, y con mayor intensidad en personas provenientes de hogares urbanos y de ingresos altos.