Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO
El derecho a la educación se encuentra cada vez más amenazado hoy en día y, por eso, debe ser apoyado por todos los medios – legales, financieros, sociales y políticos.
Los instrumentos legales internacionales son importantes. Pueden crear las bases para eliminar los obstáculos a escala nacional que pueden justificar la violación de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la educación.
La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada hace exactamente 60 años por la Conferencia General de la UNESCO, es un excelente ejemplo. Tal vez no se sabe lo suficientemente que se trata del primer y único tratado internacional jurídicamente vinculante, dedicado exclusivamente al derecho a la educación.
Hoy en día, la Convención ha sido ratificada por 160 países. Debemos hacer presión para lograr su ratificación universal ya que la igualdad de oportunidades para todos en la educación es una condición para la consecución de la Agenda 2030 y la construcción de sociedades más inclusivas y justas. Cerca de 260 millones de niños se encuentran privados de su derecho a la educación, una crisis que se ha exacerbado por la pandemia de COVID-19 y que afecta en mayor medida a los jóvenes más vulnerables y marginados de todo el mundo, con consecuencias para toda la vida.
La ratificación de la Convención genera medidas nacionales con miras a aumentar la justicia social, al crear condiciones favorables para la igualdad de oportunidades. En este sentido, sociedades enteras resultan beneficiadas. Numerosos ejemplos ilustran este círculo virtuoso durante los últimos seis decenios, desde las enmiendas constitucionales hasta la aprobación de leyes para luchar contra la discriminación y la promulgación de las políticas nacionales de educación con miras a promover el acceso de los grupos más vulnerables. La reforma y los marcos legales pueden eliminar las barreras de la injusticia y convertirse en transformadores al abrir el camino a la educación para llegar a quienes más la necesitan y al ser portadora de valores para todos.
Pero esto no es suficiente. El desafío consiste en la puesta en marcha – en qué medida en que los diferentes países proporcionan una educación gratuita y obligatoria y garantizan la igualdad de oportunidades, entre otras disposiciones de la Convención. La discapacidad, la lengua, el sexo, el origen étnico, la pobreza y el desplazamiento, entre otros, siguen violando el derecho a la educación. Y en la era de la COVID-19, la carencia de conectividad se ha convertido en un factor de exclusión de primer orden. La tercera parte de los alumnos no pueden acceder a las soluciones del aprendizaje a distancia, mientras que el 40% de los países más pobres no pueden ayudar a los más desfavorecidos a aprender durante el cierre de las escuelas.
Esta situación implica un llamamiento a la reflexión para ampliar el alcance del derecho a la educación, sacando provecho de los conocimientos adquiridos durante los últimos decenios y modificando los modelos de crecimiento. Estimamos que el derecho a la educación debe incluir el nivel preescolar, ya que invertir en la primera infancia es la manera más eficaz de luchar contra las desigualdades; así como las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que nuestras sociedades se apoyan cada vez más en los conocimientos y se rigen por los progresos tecnológicos rápidos. Proporcionar oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y para cambiar de carrera no es un lujo, sino que debería ser un derecho. Finalmente, el derecho a la educación se ha vuelto más dependiente de la conectividad – de modo que la inclusión digital se ha vuelto clave para que nadie quede rezagado.
Nuestra campaña No a la discriminación en la educación! tiene como objetico sensibilizar en lo relativo a la Convención de 1960, reforzar su aplicación y su seguimiento, e invita a un diálogo a escala mundial sobre la naturaleza evolutiva del derecho a la educación y los peligros que amenazan este derecho a escala internacional. El cambio climático, el desplazamiento, la migración y el extremismo violento son factores que pueden eliminar de manera prematura la educación y quebrar el ciclo educativo. Una estructura sólida es una condición previa para que los sistemas educativos puedan implantarse en un terreno más sólido, más justo y más inclusivo.
Durante el último decenio, un número cada vez mayor de países se ha comprometido en el proceso de ratificación de la Convención de 1960 – algo que da fe de su pertinencia y su poder. Debemos capitalizar este impulso, reforzar aún más el derecho a la educación y proteger a los educandos. Cada meta de la Agenda 2030 de Educación se basa en la prohibición de todas las formas de discriminación y en la lucha contra las desigualdades en el acceso, la participación y el aprendizaje a todos los niveles, es decir, en la promoción de una educación verdaderamente inclusiva para todos.
“De todas las formas de discriminación, las que se ejercen en el ámbito de la enseñanza son las más nocivas – porque afectan a las personas y a la sociedad en lo más esencial: en la formación del espíritu – y también las más odiosas – porque las víctimas son, ante todo, niños”.
Estas palabras, redactadas hace 60 años durante la aprobación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, retumban todavía con una pertinencia impresionante. La aprobación de la Convención es una etapa crucial para encaminar la educación por la vía de la inclusión – una senda arraigada en la consecución del derecho fundamental a la educación.