Establece políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, en el ámbito público y privado. Establece derechos protegidos y tipifica la violencia. Enuncia responsabilidades estatales del órgano rector y cada ministerio, gobernaciones y municipalidades. Establece representantes de la mesa interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer. Describe medidas de protección y procedimientos de denuncia.