Establece el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Se orienta a todas las personas con discapacidad, especialmente a mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, y personas con capacidades diferentes.