Esta ley establece que las personas con discapacidad tendrán derecho a la protección de la familia en vínculo parental y colateral hasta el segundo grado, en lo referente a la educación, la capacitación, la inserción socioeconómica o la subvención mínima para su sobrevivencia y establece las obligaciones asumidas por el Estado para la efectiva protección de las personas con discapacidad.