Tiene por objeto establecer las normas y las condiciones para hacer posible que los hondureños en el exterior ejerzan sus derechos y deberes constitucionales; establecer el marco legal dentro del cual el Estado debe ejercer su acción protectora con respecto a la dignidad, los derechos humanos y otras garantías y derechos constitucionales de los hondureños en exterior y apoyar los mecanismos para el combate contra los traficantes de personas, redes delictivas de migración y explotación de menores y mujeres.