Tiene por finalidad definir el marco jurídico e institucional necesario para la prevención y el combate de la Trata de Personas y la atención de sus víctimas. Tiene por objetivo adoptar las medidas necesarias para: crear políticas públicas para la prevención de la Trata de Personas; producir la normativa necesaria para fortalecer su sanción; definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas; propiciar la restitución y promoción de sus derechos; e impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema.