Adjudica al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional a toda la población, comprendiendo la educación oficial impartida por las dependencias oficiales y la educación particular impartida por personas o entidades privadas. Establece que la educación de las comunidades indígenas se enmarca dentro de los principios y objetivos generales de la educación nacional.