Republica Dominicana

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

República Dominicana ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

A través del Decreto N° 23 de 2016 se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, con el mandato de trazar la ruta para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de que las entidades ejecutoras de políticas públicas establezcan vías de implementación de la Agenda, adecuadas con la estrategia nacional de desarrollo. La coordinación está en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la conforman ese ministerio, la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Energía y Minas, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y representantes de la sociedad civil. El Decreto N° 26 del año 2017 extiende la vigencia de la comisión y adiciona actores institucionales, entre los que se encuentran el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otros.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución Política de República Dominicana alude al derecho a la educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. Señala además la obligatoriedad del nivel inicial básico y medio, y la obligación del Estado de propender a la profesionalización, estabilidad y dignificación de los docentes.

El segundo eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 postula la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y entre los objetivos para lograrla se señalan la educación de calidad y la cultura e identidad nacional en un mundo global.

Específicamente, la Ley General de Educación regula todos los componentes del sistema educativo, a excepción de la educación superior, regida por la Ley N° 139.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El plan estratégico del Ministerio de Educación está alineado con la estrategia de desarrollo mencionada anteriormente, con los ODS, con el Pacto para la Reforma Educativa 2030 y con la Política Educativa Centroamericana (PEC). En consecuencia, los retos propuestos son lograr una educación de calidad; garantizar la inclusión educativa; asegurar la permanencia y culminación de las trayectorias educativas; mejorar la formación y el desempeño docente; reforzar la cobertura de nivel inicial y secundario; y hacer eficiente la gestión del ministerio en todos sus niveles.

El sistema educativo de la República Dominicana se estructura en torno a cuatro niveles: inicial, básico, medio y superior (Ley General de Educación sancionada en 1997 y ordenanzas expedidas por el Consejo Nacional de Educación, promulgadas entre 2013 y 2017). Contempla la educación formal, no formal e informal. Comprende dos subsistemas: el de educación especial y el de educación de personas adultas, el cual incluye a la educación vocacional laboral. El nivel de educación superior se rige por la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Nº 139, sancionada en 2001.

La educación formal es un proceso integral correlacionado. Abarca desde el nivel inicial hasta el superior, conlleva una intención deliberada y sistemática, que se concreta en un currículo oficial, aplicado en un calendario y horario definidos.

La educación no formal promueve la apropiación de conocimientos, actitudes y destrezas. Se basa en un calendario flexible. La duración de los niveles educativos es variable y se utilizan diversos medios para el desarrollo de los aprendizajes.

La educación informal es un proceso continuo y espontáneo que se da fuera del marco formal y no formal. El sistema la reconoce y la utiliza como parte de sus actividades.

La acreditación de los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos de manera formal, no formal e informal está regulada por el Consejo Nacional de Educación.

El subsistema de educación especial está orientado a niños, niñas y jóvenes que poseen discapacidades o características excepcionales.

El subsistema de educación de adultos está orientado a las personas mayores de 14 años con escolaridad inconclusa. Se ofrece alfabetización, educación básica en modalidad acelerada durante un período no menor de cuatro años y formación en educación media para las personas que han cursado y aprobado la educación básica. Además, se brinda capacitación profesional. La estructura curricular es de carácter modular y flexible. La Ordenanza N° 1 de 2018 establece el marco del diseño curricular revisado y actualizado para la educación básica, del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. La educación vocacional laboral se incluye en este subsistema y ofrece capacidades para ejercer un trabajo productivo.

La educación técnico profesional tiene como base la Ordenanza N° 1 de 1995, que establece la modalidad en la educación media, ofreciendo diferentes títulos, organizados en el Catálogo Nacional de Títulos de Educación Técnico Profesional, que se estructura en familias profesionales y niveles. La educación técnico profesional, conjuntamente con la formación técnico profesional, que brinda y regula el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y la educación de técnico superior, que regula el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, son los ejes formativos para insertarse en el mercado laboral.

El título VI de la Ley de Educación se dedica a normar la profesionalización, el estatuto y la carrera docente, y establece la creación del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, que tiene como función coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional. Asimismo, en la citada ley se crea el Tribunal de la Carrera Docente, que funcionará a nivel regional y nacional como órgano encargado de dirigir los conflictos y apelaciones que tengan que ver con los deberes y derechos del personal docente. Otro órgano establecido en esta norma es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), con el fin de coordinar un sistema integrado de servicios de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del personal de educación. Posteriormente, la Ley N° 451 de 2008 introduce modificaciones para actualizar las atribuciones del INABIMA en lo que se refiere a la gestión del Programa de Pensiones y Jubilaciones del Personal Docente.

a. Educación inicial

La Ley General de Educación sancionada en 1997, la Ordenanza N° 3 de 2013 y la Ordenanza N° 1 de 2015, expedidas por el Consejo Nacional de Educación, diferencian dos ciclos educativos destinados a niños y niñas de 0 a 5 años. El primero abarca de 0 a 3 años. Está compuesto por tres grados: maternal (desde los 45 días hasta los 11 meses), infantes (1 año) y párvulos (2 años). El segundo ciclo abarca de 3 a 5 años. Está compuesto por tres grados: prekínder (3 años), kínder (4 años) y preprimario (5 años). El preprimario es obligatorio.

Entre las funciones de este nivel, señaladas por la Ley de Educación, se destacan contribuir al desarrollo físico, motriz, psíquico, cognitivo, afectivo, social, ético, estético y espiritual; incentivar la capacidad de comunicación y las relaciones con las demás personas; promover el desenvolvimiento de las potencialidades y capacidades de los estudiantes; y preparar para la educación básica. De acuerdo a la Ordenanza N° 1 de 2015, que establece el currículo revisado, actualizado y validado para la educación inicial pública y privada, éste se estructura en función de siete competencias fundamentales: ética y ciudadana; comunicativa; pensamiento lógico, creativo y crítico; resolución de problemas; científica y tecnológica; ambiental y de la salud; y desarrollo personal y espiritual.

b. Educación primaria

El nivel primario está orientado a niños y niñas de 6 a 11 años. Se divide en dos ciclos de tres años cada uno. Es obligatorio y gratuito. Se ofrece en jornada extendida en establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada.

El nivel básico tiene como funciones: promover el desarrollo integral del educando, en las distintas dimensiones intelectuales, socioafectivas y motrices; proporcionar la formación indispensable para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y ejercer una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el marco de una dimensión ética; desarrollar actitudes y destrezas para el trabajo; entre otras.

La Ordenanza N° 2 de 2015 establece el currículo para la educación primaria pública y privada y señala, entre los fundamentos del mismo, el aprendizaje significativo, la funcionalidad del aprendizaje y la integración de conocimientos desde las distintas disciplinas.

c. Educación secundaria

El nivel secundario está orientado a adolescentes de entre 12 y 17 años. Se divide en dos ciclos de tres años cada uno. Es obligatorio y gratuito. Se ofrece en jornada regular y extendida, en establecimientos educativos de gestión estatal y privada.

El primer ciclo es común a todos los estudiantes. El segundo ciclo o ciclo especializado comprende tres modalidades: general, técnico profesional y artes. Las tres habilitan la continuidad educativa hacia el nivel superior.

La modalidad general o académica proporciona una formación integral mediante el progresivo desarrollo de la personalidad y la apropiación de nuevos y más profundos conocimientos, que permitan a los estudiantes afianzar las bases para ingresar al nivel superior e interactuar responsablemente en la sociedad. La Ordenanza N° 22 de 2017 establece el proceso de validación del diseño curricular de este nivel, en el cual se señala que las opciones de la modalidad académica son Humanidades y Ciencias Sociales, Humanidades y Lenguas Modernas, Ciencia y Tecnología, y Matemática y Tecnología.

La modalidad técnico profesional permite a los estudiantes obtener una formación general y profesional para integrarse a la actividad productiva o continuar estudios superiores.

La modalidad en artes contribuye a la formación de personas con sensibilidad y actitud crítica en la comprensión, el disfrute y la promoción del arte, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de competencias vinculadas al ejercicio de profesiones y ocupaciones en el campo del arte o para proseguir estudios especializados.

e. Educación superior

La educación superior se rige por la Ley N° 139 de 2001 y está orientada a jóvenes que culminaron sus estudios de nivel secundario. Se ofrecen tres niveles de educación superior: técnico (técnico superior, tecnólogo y profesorado), de grado (licenciatura) y de posgrado (especialización, maestría y doctorado). El Consejo Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología es el organismo encargado de validar la oferta académica de nivel superior y los títulos que expiden las instituciones educativas de nivel superior.

Se ofrece educación superior en las instituciones técnicas de estudios superiores, en las instituciones especializadas de estudios superiores y en las universidades. Estas instituciones pueden ser gestionadas por el Estado o por privados. En términos de instituciones de educación superior hubo un fuerte crecimiento. En el período 1950 a 1960 solo existía la Universidad Santo Domingo y, para 2010, se registraban más de cuarenta. 

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), a 2018 había 2.736.697 de estudiantes. En nivel inicial se encontraban 322.870 estudiantes, en el primario 1.226.414, en el secundario 924.714 y en la educación de personas adultas 262.699. En el nivel superior la matrícula fue ascendiendo en los últimos años, siendo a 2014 (último dato disponible) de 455.822 estudiantes, matrícula compuesta en más del 60% por mujeres.

A 2015, el país contaba con 11.843 instituciones educativas: 7241 públicas, 433 privadas y 269 semioficiales.

Los últimos datos disponibles en el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) indican que a 2018 había 15.837 docentes en preprimario y 64.810 en primaria. Para el nivel secundario los datos son de 2015, registrando 16.641 docentes para el primer ciclo y 25.430 para el segundo.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión cobran relevancia las actualizaciones curriculares y la jornada escolar extendida, política que pretende cumplir con la educación de calidad y pertinencia que se postula en los documentos de planificación. Otra estrategia destacable en este foco es la instalación de la cultura de paz y convivencia pacífica en las instituciones educativas.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología es destacable el anuncio del Ministro de Educación Roberto Fulcar en la presentación del Plan de Educación 2020-2021, de dotación de equipos para docentes y estudiantes. Si bien se produce en el marco de la pandemia de COVID-19 y frente a la imposibilidad de presencialidad en las instituciones educativas, el sentido de la acción es reducir las brechas socioeconómicas, que se traducen en acceso diferencial a tecnología e internet e impactan en la educación de niñas, niños y adolescentes.

Los recursos orientados al foco docentes se enmarcan en la capacitación continua, que en consecuencia con lo señalado en el foco anterior se desarrollará prioritariamente en tecnologías y su adaptación pedagógica.

Las acciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes muestran un amplio abanico de iniciativas tanto del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) como del Ministerio de Educación, para poder fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes con desventajas socioeconómicas. También son destacables las acciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, principalmente a través de becas, para ampliar la cobertura de la educación superior.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa. Está encargado de establecer la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas.

El Ministerio de Educación es el organismo público dependiente del Poder Ejecutivo responsable de administrar y orientar el sistema educativo, así como de aplicar o ejecutar todas las disposiciones constitucionales de la Ley General de Educación y otras leyes en la materia. Según establece su Reglamento Orgánico, es el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de educativas públicas y privadas, ya sean nacionales, internacionales o descentralizadas. En dicho reglamento se establecen las funciones de cada uno de los organismos que lo componen. En su estructura organizativa, se encuentran, entre otras dependencias, la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo; la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad; el Viceministerio de Apoyo Administrativo; el Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico.

Se crean las Juntas Regionales, Distritales y de Centro Educativo como órganos descentralizados de gestión educativa, que tendrán como función velar por la aplicación de las políticas educativas emanadas del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación en su propio ámbito y competencia.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vela por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley N° 139 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones, se destacan abogar por la calidad de la educación superior, y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica; y autorizar la apertura o el cierre de instituciones pertenecientes al sistema. Los viceministerios que lo componen son el de Educación Superior, el de Ciencia y Tecnología, el Administrativo Financiero, el de Relaciones Internacionales, el de Evaluación y Acreditación, el de Extensión y el de Emprendimiento. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano rector en este nivel.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es el organismo rector del sistema nacional de formación técnico profesional. Es una organización autónoma del Estado, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio, dirigida por una junta de directores de estructura tripartita, integrada por los sectores oficial, empresarial y laboral, y administrada por una dirección general.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación y creado (según el artículo N° 177 de la Ley General de Educación) con la finalidad de promover, entre los estudiantes del sector público, a nivel nacional, los servicios de transporte, nutrición escolar y salud; uniformes y útiles; clubes científicos, tecnológicos y de artes; becas e intercambios de trabajo social; turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones; y gobierno estudiantil.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

El artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana establece que la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país.

La Ley General de Educación, en el título X, establece que el gasto público anual en educación debe alcanzar, en un período de dos años a partir de la promulgación la misma (1997), un mínimo del 16% del gasto público total o un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. Posteriormente, esos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación.

La mayor parte del gasto educativo es centralizado. A través del Ministerio de Educación Nacional se contratan y se adquieren los bienes y servicios que luego son distribuidos a las escuelas. Otra parte del presupuesto se asigna a las Juntas Regionales y Distritales, con destino a los centros educativos, para apoyo pedagógico, mantenimiento de infraestructura y gasto administrativo. La transferencia de recursos a estas juntas se calcula a partir de un gasto anual descentralizado estándar por estudiante y la matrícula del centro educativo para el cual opera la junta. Las normas que rigen esos fondos son el Reglamento General para el Funcionamiento de las Juntas Descentralizadas (Ordenanza N° 2 de 2008) y la Resolución N° 0668 de 2011, que pone en funcionamiento el instructivo para el manejo de los fondos transferidos.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es el organismo encargado de producir las estadísticas del país. Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos, cuyo objetivo es hacer que la información del gobierno sea más fácil de encontrar y utilizar.

La Ley General de Educación establece un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación como el medio para determinar la eficiencia y la eficacia global del sistema educativo. La Dirección de la Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación es el organismo responsable de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales. Entre las primeras se destacan las evaluaciones diagnósticas nacionales a tercer y sexto grado de educación primaria y al primer ciclo de educación básica, y otras pruebas nacionales que tienen el objetivo de examinar el logro de aprendizaje de los estudiantes y la provisión de la certificación de conclusión del nivel, como así también monitorear el nivel de desempeño de personas jóvenes y adultas. A nivel internacional, la República Dominicana participó de las evaluaciones del Programme for International Student Assesment (PISA), el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y el ICCS (International Civic and Citizenship Education Study); ninguna fue de carácter obligatorio.

La Ordenanza N° 1 de 2016 norma el sistema de pruebas nacionales y de evaluación de los logros de aprendizaje, asumiendo que la evaluación es una herramienta cuyo uso contribuye a mejorar la calidad de la educación de niños, niñas, jóvenes de los diferentes niveles educativos.

• La tasa de asistencia escolar en el último año del nivel inicial también aumentó entre las mediciones, aunque solo alcanza el 90% en los sectores de ingresos medios.

• La tasa de asistencia escolar primaria disminuyó levemente en la última medición, a excepción de mujeres, áreas rurales y población de ingresos superiores. 

• La tasa de finalización de la educación primaria evidencia un leve ascenso, que cobra más fuerza en varones, poblaciones rurales y de nivel de ingresos medios.

• Se observa una tendencia decreciente en la proporción de estudiantes de primaria que provienen de hogares beneficiarios de transferencias condicionadas.