La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, formulada en Jomtien en 1990, proclamó que el aprendizaje comienza con el nacimiento. Un decenio después, en 2000, el Marco de Acción de Dakar reiteró la importancia de la primera infancia, al incluir el desarrollo de la protección y educación de la misma como el primero de sus seis objetivos principales. 

Los países participantes se comprometieron a “extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos”. En especial, se exhortó a los gobiernos a que ampliaran el acceso equitativo a los servicios de calidad para la primera infancia, lo que subrayaba la importancia de aplicar políticas que favorecieran a los más pobres. 

A menudo los países fomentan servicios alternativos para los niños pobres que tienen poco o ningún acceso a los dispositivos generales de atención a la primera infancia; dichos servicios pueden ser económicos y estar dotados de innovaciones pedagógicas, pero su calidad y sostenibilidad suelen plantear problemas. Cuando los fondos gubernamentales son limitados, una política que beneficie a los más pobres puede contribuir a la redistribución de recursos, al reducir los beneficios estatales que perciben los más privilegiados.  

Los gobiernos centrales deben velar por que exista una distribución equitativa de recursos entre los diversos grupos de la población, teniendo especialmente en cuenta a quienes residen en las zonas menos favorecidas. Este enfoque tiene por objeto ampliar el acceso sin generar graves desigualdades regionales. Pero si se ofrece una prestación con carácter universal para determinado grupo de edades, mientras que la matrícula general en otro grupo permanece baja, esta política puede generar desigualdad.  

Los niños del grupo de edad escogido se benefician de la inversión estatal, mientras que los niños pobres que no están en ese grupo reciben escasa atención del gobierno. Una política de universalización que incluya objetivos específicos puede reducir al mínimo la desigualdad en los países donde los gobiernos procuran dotar a un grupo escogido de acceso universal y, al mismo tiempo, dar prioridad a los más pobres.